o se recuerda en la reciente historia del estado de Michoacán una crisis del sistema educativo tan grave como la que hoy vive el gobernador perredista Silvano Aureoles Conejo, insuperable por cualquiera de sus antecesores del mismo partido o del PRI. Apenas han transcurrido dos años desde que llegó al Poder Ejecutivo, y ya es uno de los gobernadores más repudiados por la población y por los trabajadores al servicio de su propia administración.

Su programa estelar beca futuro, una de tantas promesas incumplidas fue un verdadero fracaso, funcionó los primeros meses de su lanzamiento, pero los subsecuentes dejaron sin futuro, a medias o con nulos apoyos a los beneficiarios, muchos de ellos forman parte de 65.5 por ciento de los menores de 18 años en situación de pobreza en la entidad (Coneval) y otros engrosarán las escandalosas cifras que colocan a Michoacán en el primer lugar de deserción escolar (INEA).

Como regalo de fin de año, el pasado diciembre envió una propuesta al congreso local para incorporar por primera vez en la legislación el cobro de servicios educativos, en la que pretendía sangrar con 26 millones de pesos (mdp) a las familias michoacanas mediante 80 conceptos en cobros directos a sus bolsillos, sin importarle lo que ya desembolsan por la infinidad de carencias en las escuelas; esto, a pesar de que el Inegi reportó en 2016 que las familias de la entidad que mal gobierna percibían ingresos muy por debajo de la media nacional (25 por ciento menos).

Además de injusta la propuesta, era absolutamente innecesaria, pues bastaba un mínimo de austeridad en los excesivos gastos del gobernador. Para botón de muestra él y su equipo de trabajo gastan 140 mdp en un año para renta de aeronaves, cinco veces más de lo que pretendía recaudar sacrificando a los ciudadanos; con tan sólo disminuir 20 por ciento en ese simple rubro recaudaría 28 mdp.

La iniciativa fue catalogada por varios medios de comunicación como el fin de la era de la educación pública, las reacciones contrarias no se hicieron esperar, vinieron de los maestros democráticos, pero además los organismos empresariales no la respaldaron, razones por las que tuvo que dar marcha atrás en sus pretensiones.

El gobernador inició el año nuevo amenazando con proceder legalmente contra quienes protestaran demandando adeudos, y repartiendo culpas entre los trabajadores del sector salud, así como del educativo. A la CNTE le acusó de no tener llenadera y de ser responsables del desfalco económico estatal. Carlos Maldonado su secretario de Finanzas, efectivamente reconoció un adeudo de 600 mdp para saldar 12 bonos, que corresponden a dos años sin prestaciones de 35 mil trabajadores estatales de educación básica; en realidad, la cifra es menor comparada con los 679 mdp en gastos superfluos y de imagen personal de Silvano Aureoles en 2016.

No conocemos cuánto gastó durante 2017, lo que sí sabemos es que su fallida pero costosa campaña presidencial se intensificó en ese mismo año; continuó incluso en busca de premio de consolación, después de haber sido excluido de la candidatura mayor, de suerte que en dos años sus gastos personales podrían ya superar los mil millones, mismos que se traducen en amenazas constantes a las instituciones públicas; no hay una sola institución educativa, desde maternal hasta el nivel superior a la que Silvano no le adeude algo.

La repartición de culpas continuó con los trabajadores de los siguientes niveles, a los que espetó por sus salarios onerosos, incumplibles en las condiciones actuales. Como una muestra más, en la página de Facebook del Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media Superior y Superior (Fesemss), publicó un video con cifras oficiales que ponen al desnudo los salarios de miseria en la Universidad Tecnológica de Morelia (UTM).

Los empleados administrativos tienen un salario de 2 mil 788 pesos quincenales libres de impuestos, pero 87 por ciento tiene crédito Infonavit y su percepción real por semana se reduce a 739 pesos; el de los profesores por asignatura es de 3 mil 492 quincenales, con el descuento Infonavit perciben mil 145.5 pesos semanales; los de máxima categoría son docentes investigadores con maestría o doctorado que perciben 5 mil 808 pesos y con el mismo descuento sólo llevan a su casa mil 858.5 semanales; la gran diferencia radica en la sobrepoblación de los trabajadores de confianza que no pasan por los contratos sindicales, sino que son invitados de los directivos y de los funcionarios del gobernador, ellos ganan sin ninguna exigencia de mayores estudios 15 mil 108 pesos quincenales.

El ejemplo más vivo de este tipo de corrupción gubernamental es el nombramiento del licenciado José Hernández Arreola, a quien Aureoles cooptó de las filas del sindicalismo, primero para nombrarlo candidato por el PRD en Carácuaro, municipio natal del gobernador y luego de su derrota lo impuso como rector en la UTM sin contar con estudios de posgrado; ahí el ex secretario general de los trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán arrastra y multiplica las redes de corruptelas propias de los funcionarios silvanistas.

Los verdaderos responsables del desfalco económico, son Silvano y su gabinete, ambos son cómplices de los desvíos financieros para la satisfacción de sus intereses personales, ellos son los que ponen en riesgo la educación pública, el futuro de los jóvenes, la estabilidad laboral y la economía familiar de los michoacanos.