Mexicali, BC.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California investiga la actuación de las autoridades estatales y municipales durante la manifestación que el martes pasado realizaron organizaciones civiles que se oponen a la instalación de la planta cervecera Constellation Brands. Seis activistas fueron detenidos y ocho resultaron con lesiones.

Como parte de la investigación 185/18, se solicitaron al gobierno estatal, encabezado por Francisco Vega de la Madrid, y al presidente municipal, Gustavo Sánchez, los partes informativos de las corporaciones policiacas y los certificados médicos de los detenidos, así como la lista de los agentes que participaron en las operaciones y sus respectivas líneas de mando.

La CEDH reúne información de cuatro de los ocho lesionados en el desalojo que se realizó en el ejido El Choropo, donde la empresa estadunidense construye una planta que producirá cerveza de exportación de la marca Modelo para el mercado de Estados Unidos.

Entre los heridos están Tania Gallaga, José Fierro y Carlos Bernal, integrantes de la organización Mexicali Resiste, que encabezó la lucha para abrogar la Ley Estatal del Agua y se opone a la construcción de plantas desaladoras de agua de mar por medio de asociaciones públicas-privadas por considerar que endeudarán a Baja California durante décadas.

La Procuraduría General de Justicia de Baja California investiga a los manifestantes Jorge Benítez, Emilio Álvarez, Francisco Javier Guillén, Daniel González, Juan Antonio Méndez y José Luis Pozo, todos detenidos, por los delitos de ultraje a la autoridad, lesiones y daños. Tres de ellos permanecen en la comandancia de la policía ministerial porque se prevé que serán vinculados a proceso.

La trifulca comenzó cuando los activistas impidieron que trabajadores usaran una máquina retroexcavadora para introducir tubos de agua para Constellation Brands en un terreno propiedad de un agricultor de apellido Mena.

Entre los lesionados está el camarógrafo Roberto López, de Canal 66, quien fue golpeado con una piedra en la cabeza.

El gobernador Francisco Vega dijo que las protestas son cada vez más violentas e insistió en que se aplicará la ley.

En un manifiesto, Mexicali Resiste sostuvo que su movimiento es pacífico y que las agresiones del martes son prueba de qué tan lejos pueden llegar los gobiernos cuando hay intereses en juego. No son nuestros intereses los que peligran cuando se detiene la construcción de un acueducto que alimentará a una fábrica extranjera con siete, 20 o hasta 30 millones de metros cúbicos de agua, añadió.

Finalmente, responsabilizó al gobernador Francisco Vega, al alcalde Gustavo Sánchez, al secretario de Gobierno, Francisco Rueda; al director de la policía municipal, Ulises Méndez, y a su colaborador Hugo Tafoya de lo que pueda ocurrir a cualquiera de los integrantes de este movimiento o de otros grupos de resistencia en la entidad.