Buenos Aires.

Centenares de manifestantes marcharon este martes desde el Obelisco a la Casa de Jujuy, en reclamo de la libertad de la dirigente social Milagro Sala, al cumplirse dos años de su detención ilegal en la provincia de Jujuy, a lo que se unieron otras marchas por la liberación de todos los presos políticos y demandas contra la serie de despidos en distintas áreas, golpeando especialmente al periodismo con el cierre de varios medios de comunicación.

Milagro fue detenida por haber acompañado una protesta pacífica frente a la sede del gobierno de Jujuy y luego le fueron sumando una serie de causas penales, la mayoría originada en denuncias falsas del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales o el fiscal Mariano Miranda, por lo cual se convirtió en la primera presa política del gobierno de Mauricio Macri.

Estoy detenida desde hace dos años sin condena ni con sentencia firme, sostuvo hablando desde esa provincia con Radio 10 y analizó que Jujuy funcionó desde 2016 como un laboratorio de métodos represivos para probar y, si les salía bien, aplicarlos en toda Argentina.

Sala recordó que en Jujuy hay otros dirigentes sociales detenidos y que lo mismo ocurre con militantes sociales o políticos opositores en Mendoza y en Buenos Aires. A esto se deben agregar las prisiones también ilegales de mapuches en las provincias del sur.

La dirigente del movimiento Tupac Amaru, que realizó una obra social extraordinaria armando cooperativas construyendo viviendas para los más humildes, denunció que con su detención arbitraria empezaron una persecución feroz a todo el que piensa diferente, pero aseguró que están más de pie que nunca frente a la injusticia.

Por su parte, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman solicitaron que se habilite la feria judicial para que la Cámara Federal de Casación vea de nuevo sus procesamientos por supuesto encubrimiento por el Memorándum de entendimiento firmado con Irán en 2013.

La abogada de ambos, Graciana Peñafort, presentó el recurso ante la sala de feria del máximo tribunal penal que deberá decidir sobre los procesamientos dictados por el juez federal Claudio Bonadío en diciembre del año pasado. La Sala II de la Cámara Federal confirmó recientemente los procesamientos con prisión preventiva y el pedido de desafuero de la actual senadora pero desestimó el 27 de diciembre la acusación por traición a la patria.

Fernández de Kirchner y Timerman están procesados desde el 7 de diciembre, cuando Bonadío dictaminó la prisión preventiva para ambos y los otros cuatro acusados Carlos Zannini, Luis D’Elía, Fernando Esteche y Jorge Khalil, quienes nunca dejaron de responder a la justicia.

El ex canciller, sin embargo, fue excarcelado la semana pasada por el juez federal Sergio Torres, por razones humanitarias, debido al deterioro de su salud, y después de que se le negó la entrada a Estados Unidos para continuar con su tratamiento por cáncer.

En este marco de tantas violaciones judiciales, mediáticas y, gubernamentales a los derechos humanos y sociales unos 120 trabajadores fueron despedidos esta semana del Hospital Posadas -uno de los más castigados durante la pasada dictadura- y los despidos se dieron en medio de una ocupación del lugar por decenas de efectivos de Infantería de la Policía Federal.

Empleados del hospital con 19 y 20 años de antigüedad quedaron en la calle de un día para otro. Esto sucede en los últimos despidos donde llega la infantería policial para estar presentes cuando los trabajadores son sorprendidos por despidos arbitrarios, lo que da cuenta de que cada día el gobierno de Macri se confirma como una democracia de seguridad nacional o como señalan aquí decenas de dirigentes sindicales una dictadura encubierta.

Censura y persecución 

Trabajadores despedidos este martes del canal de la Ciudad tomaron el hall del edificio donde funcionan los estudios, para repudiar los ceses que fueron notificados esta misma mañana por correo electrónico. No nos dejan entrar ni para sacar las cosas, dijo una de las editoras desvinculada mientras estaba de vacaciones y tenía más de diez años de antigüedad, denunciaron los delegados gremiales. Se anuncian más despidos arbitrarios dijeron delegados a La Jornada al denunciar que no se los deja entrar ni siquiera para sacar objetos personales. Los trabajadores decidieron continuar en la puerta del organismo hasta que las autoridades del canal los convoquen a una mesa de diálogo.

En un hecho gravísimo en las últimas horas, 60 bailarines afectados por el cierre del Ballet Nacional de Danza, acompañados por otros gremios del Estado solidarios con el reclamo, realizaron una exhibición frente al Ministerio de Cultura para repudiar el cierre de la compañía, bajo la consigna No al vaciamiento cultural.

Allí bailaron ante un público que los acompañaba y los aplaudía tratando de que el ministro Pablo Avelluto diera un paso atrás en una decisión, que puso fin a las funciones gratuitas y a las clases abiertas de danza clásica que el bailarín Iñaqui Urlezaga impartía en lugares no tradicionales.

El Ballet Nacional de Danza no es de sus bailarines, ni de su director, es de todos los argentinos, decía la convocatoria. Quizá nada fue más duro y emocionante que ver como los bailarines con lágrimas en los ojos después de danzar ante el ministerio de Cultura colgaron sus zapatillas de una soga que atravesaba la importante calle Alvear. Era toda una imagen de un país que cada día da un paso hacia la censura, la destrucción de todos los organismos populares en lo social, político y cultural. La hilera de zapatillas de bailes colgadas movidas por un viento caliente de verano, decían más que las palabras.