Una treintena de organizaciones civiles y especialistas manifestaron su rechazo a las iniciativas de las leyes Nacional de Salud Mental y General del Sistema Nacional contra las Adicciones, ya que atentan contra los derechos humanos considerados a escala internacional.

Ambas propuestas se presentaron la Cámara de Diputados en abril y septiembre, respectivamente, del año pasado.

En conferencia indicaron que ambas normas dejan de lado a las personas con problemas de adicciones y con discapacidad sicosocial, al arrebatarles capacidad jurídica y otorgando a otros la obligación de elegir por ellos. También reafirman el estigma contra estas personas y, en el caso de los adictos, se les criminaliza.

Diana Sheinbaum, de Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, aseveró que ambas iniciativas no se encuentran armonizadas con los tratados internacionales y con los estándares de derechos humanos que el Estado mexicano ha ratificado.

Subrayó que constituyen una violación a las garantías fundamentales, no sólo al reconocimiento de la capacidad jurídica, sino también al derecho a vivir en la comunidad, al consentimiento informado y al estándar más alto de salud física y mental.

Llamó a los diputados a suspender el avance de estas iniciativas y, por el contrario, a generar espacios de análisis y discusión sobre estas normas, en los que haya abundante participación de la sociedad civil, académicos, usuarios de drogas y personas con discapacidad sicosocial.

Víctor Gutiérrez, de México Unido contra la Delincuencia, advirtió que la propuesta de Ley General del Sistema Nacional contra las Adicciones criminaliza a los consumidores. Retoma el enfoque de criminalización, en el que una persona que realiza el consumo de una sustancia puede ser internado en un inicio, sin evaluación médica propia, durante tres días. (Pero) estos plazos podrán ser extendidos hasta 30 días, y nos preocupa demasiado la similitud con lo que se aplica en el sistema penal; tiene una similitud sorprendente con la privación de la libertad.

En cuanto a la iniciativa de Ley Nacional de Salud Mental, Víctor Lizama, de Documenta, señaló que ésta no se armoniza con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Enfatizó que la propuesta sigue considerando a las personas con discapacidad como enfermos que deben recibir tratamiento, por lo que se tendrían que hacer a un lado sus derechos humanos y limitar su capacidad jurídica.

Tengo experiencia, tanto a escala personal como en mi desempeño en los años recientes, de las limitaciones que vivimos las personas con discapacidad sicosocial, por el estigma, por ver nuestras condiciones de vida sólo desde un enfoque biomédico y no considerar elementos como la necesidad de contar con empleo y educación.