Aunque no se tienen cifras exactas en el país sobre el número de feminicidas detenidos, procesados y sentenciados, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres apuntan a que son mínimos.

Los casos expuestos públicamente son también muestra de ello. Recientemente en los homicidios de las escort extranjeras Karen Ailén y Génesis no se tiene aún a los culpables o se aprehende a quienes resultan no ser responsables, como en el primer caso.

En otros como el de Victoria Salas, encontrada sin vida en septiembre pasado, aunque las autoridades han identificado al agresor, quien era su novio, Mario Sáenz, y tuvieron un primero contacto con él, actualmente está prófugo.

En cuanto al feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, encontrada en Ciudad Universitaria en mayo de 2017, en un primer momento las autoridades capitalinas informron que había sido suicidio. A siete meses de los hechos, el agresor que era su pareja, José Luis González Hernández se encuentra detenido y en proceso para ser juzgado por feminicidio agravado.

Datos obtenidos por diversas organizaciones señalan que, por ejemplo, en 2016 en Ciudad de México 62 por ciento de los agresores estaban prófugos, 24 aprehendidos, 6 vinculados a proceso y sólo 1 por ciento sentenciados.

En el informe La Violencia Feminicida en México, Aproximaciones y Tendencias 1985-2016, se estima, con base en datos recabados por diferentes dependencias, que en 13.4 por ciento de los casos en los que hubo una denuncia de un delito donde la víctima era mujer, entre 2011 y 2015, se llegó al sistema de impartición de justicia.

Sin embargo, establece que no existen elementos para saber cuántos casos se logró procesar a un presunto responsable y seguir un proceso penal donde se lograra una sentencia acusatoria y la reparación del daño.

En el documento elaborado por ONU Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de Gobernación se expone la diferencia en las cifras de féminas víctimas de diversos delitos desde el feminicidio hasta violencia de género en todas sus modalidades y que son registradas por las instancias de procuración de seguridad pública, procuración e impartición de justicia.

Hay un gran déficit en el acceso de las mujeres a la justicia, se señala en el texto. Por lo que el Estado tiene que seguir trabajando para que las mujeres puedan realmente acceder a una vida libre de violencia.