Alberto Bazbaz Sacal, quien ayer fue designado director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) –órgano de inteligencia civil del gobierno mexicano–, es el mismo que como titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) tardó 10 días en encontrar el cadáver de la niña Paulette Gebara Farah –quien había sido declarada desaparecida– a los pies de la cama donde la pequeña dormía, en el departamento familiar.

El 21 de marzo de 2010, la madre de Paulette la arropó para dormir. Al día siguiente, la nana avisó que la niña, de cuatro años de edad, no estaba en su habitación. No había ningún rastro de la menor. A partir de entonces la PGJEM quedó a cargo del caso.

Los agentes hicieron una minuciosa reconstrucción de los hechos e incluso se ordenó el arraigo de los padres de la menor, pero el 31 de marzo el cuerpo fue hallado sin vida en su propia recámara, lugar al que previamente habían acudido peritos y binomios caninos e incluso donde la madre concedió entrevistas a la prensa.

El entonces procurador Bazbaz defendió la investigación pero no supo explicar por qué no se percataron antes de que el cuerpo estaba ahí. Ante el escándalo, renunció al cargo casi tres meses después. Argumentó que había quedado desgastado el vínculo de confianza que debe existir entre la procuraduría y la sociedad.

Luego trabajó de consultor financiero privado hasta que el presidente Enrique Peña Nieto lo nombró, en 2013, responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Casi ocho años después del episodio de la niña de Huixquilucan, y tras su paso por Hacienda en los primeros cinco años del sexenio, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, lo nombró titular del órgano encargado de generar alertas de amenazas para la seguridad nacional. El Cisen recaba información para entregarla a los principales estrategas del país en la materia.

El Cisen ha tenido durante la actual administración un impulso operativo y presupuestal sin precedente, al pasar de una partida de menos de 2 mil millones de pesos en el sexenio pasado a más de 7 mil millones en años recientes; la mayor parte de ese monto fue dedicado a la construcción de cinco centros operativos regionales de inteligencia.

En cuanto al combate al lavado de dinero, se adjudica a Bazbaz la integración de expedientes que han servido de sustento para encarcelar o girar órdenes de aprehensión contra ex gobernadores, casi todos de origen priísta, así como de la ex dirigente del sindicato magisterial Elba Esther Gordillo. Pero al mismo tiempo se le señala como responsable de una estrategia operativa y jurídica poco fructífera.

El propio José Antonio Meade, ex secretario de Hacienda y ahora precandidato del PRI a la Presidencia, se refirió el mes pasado a la necesidad de reforzar el combate a la estructura financiera del crimen organizado que opera en México.