La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno de Guerrero aplicar medidas cautelares en favor de los pobladores de la comunidad La Concepción, en la zona rural de Acapulco, luego de dos enfrentamientos entre policías comunitarios, civiles armados y agentes estatales, que dejaron un saldo de 11 muertos, entre ellos al menos tres comunitarios.

En las dos refriegas, ocurridas entre la madrugada y la mañana del domingo, hubo 38 detenidos y resultó herido el fotorreportero Bernardino Hernández, de las agencias Ap y Cuartoscuro.

El organismo presidido por Luis Raúl González Pérez pidió al fiscal de Guerrero, Javier Ignacio Olea Peláez, dar las instrucciones necesarias para que las diligencias que realizan policías estatales, federales y elementos del Ejército en La Concepción respeten los derechos humanos y el debido proceso, y para que se garantice la tranquilidad, la seguridad y la paz a los habitantes de ese poblado y de comunidades aledañas. También pidió que se brinde atención médica integral al fotógrafo lesionado.

Amnistía Internacional solicitó a las autoridades estatales actuar con prontitud para esclarecer las circunstancias en que 11 personas perecieron e investigar en forma efectiva, independiente e imparcial el uso de la fuerza letal por parte de los agentes estatales.

Érika Guevara, directora de dicho organismo para América Latina, exigió garantizar los derechos de los detenidos y asegurar que tengan acceso a la representación legal de su elección y a servicios médicos, así como permitirles comunicación y visitas de sus familiares.

En tanto, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan destacó que lo grave de este caso es que las autoridades estatales se hagan cómplices de esta acción letal, que se empeñen en justificar estos asesinatos y que vuelquen toda la fuerza del Estado contra la policía comunitaria y el vocero del Concejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, Marco Antonio Suástegui.