En Chalchihuitán se da un retorno al matadero, según un colectivo de organismos civiles seguido tras la crisis de violencia contra la población tzotzil de ese municipio por personas armadas del vecino Chenalhó, en el contexto de un añejo conflicto agrario. El riesgo de una masacre es claro, advierten.

Según testimonios de los desplazados, “bajo una persistente presión de funcionarios del gobierno, sobre todo de Protección Civil, y ante el hecho de ver perder sus cosechas, animales, posesiones y viviendas, sin que los gobiernos federal y estatal cumplieran el desarme y desarticulación de los grupos armados, desde alguna instancia se tomó la decisión de retornar a sus comunidades de origen, sin condiciones ni medidas de seguridad. Del total de personas desplazadas, otras mil 165 no retornaron por temor a las acciones armadas que continua haciendo el grupo de corte paramilitar.

Los organismos, entre los que se encuentra el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, alertan otra vez del peligro para centenares de familias en Chalchihuitán.

El colectivo emitió una nueva acción urgente. Desde hace meses documenta la situación de desplazamiento forzado en el que se encuentra el pueblo de Chalchihuitán, en especial el grupo de 3 mil 858 personas que retornó a las comunidades de Pom, Ch’enmut, Cruzkakalnam, Tzomolton, Cruzton, Bejeltón y Bololchojón.

Es grave, señalan las organizaciones, que continúen los disparos de armas de alto poder y la tensión en toda la región, lo que da como consecuencia el alto riesgo de la vida e integridad de las familias que retornaron a sus comunidades a partir del pasado 2 de enero, siendo de nuevo mujeres, niños, niñas, ancianas y ancianos los más afectados y vulnerables en este retorno. Además, dicha población ni siquiera participa en la toma de este tipo de delicadas decisiones.

En estas condiciones, el riesgo de una masacre es claro, insisten. De ocurrir, la responsabilidad directa es de los tres niveles de gobiernos: federal, de Chiapas y el municipal de Chalchihuitán, quienes con su inacción han permitido este retorno al matadero. Van sin alimentos, con la cosecha perdida por la violencia generalizada, varios enfermos y bajo los impactos sicológicos de la violencia.

Todo esto evidencia que en ningún momento aplican los Principios rectores de los desplazamientos internos de la Organización de las Naciones Unidas, lo cual implica que no se están respetando, garantizando y protegiendo los derechos humanos de desplazados.

Se trata de un retorno de altísimo riesgo para centenares de familias indígenas, “lo que demuestra el desprecio hacia los pueblos originarios, ya que constituye un hecho criminal que es contemplado y consentido por los gobiernos federal, estatal y municipal.

No obstante que los gobiernos federal y estatal instalaron una mesa de seguridad para atender la demanda de desarticulación, desmantelamiento y castigo al grupo armado de Chenalhó, al momento no hay ninguna respuesta y ningún avance pues, reiteramos, el grupo armado de corte paramilitar sigue actuando en impunidad.