La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) ha incurrido en una indebida investigación por el caso del asesinato del periodista Francisco Pacheco Beltrán, ocurrido en abril de 2016 en Taxco, Guerrero, concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El organismo presidido por Luis Raúl González Pérez emitió una recomendación dirigida al subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, quien está a cargo de la dependencia en sustitución del titular que dejó el cargo hace ya varias semanas.

Tras investigar el caso, la CNDH encontró que la fiscalía dependiente de la PGR no ha realizado diligencias idóneas para acreditar o no la vinculación del homicidio del reportero con su actividad profesional.

Con su actuación, la Feadle ha omitido investigar la labor que desarrollaba la víctima, incurriendo con ello en actos que transgreden el derecho humano de acceso a la justicia, en su modalidad de procuración de justicia en perjuicio de sus familiares, lo que trae como resultado que al no desahogarse todas las acciones necesarias se provoque impunidad, asentó el ombudsman nacional en la recomendación.

Pacheco Beltrán era corresponsal de El Sol de Acapulco y de la radiodifusora Capital Máxima, de Chilpancingo, además editaba el semanario El Foro de Taxco. El 25 de abril de 2016 diversos medios reportaron su homicidio luego de ser atacado a balazos en la puerta de su casa, cuando regresaba de dejar a sus hijos en la escuela.

La CNDH subrayó que en este caso la PGR debió en todo momento efectuar prácticas que no tendieran a negar o limitar el derecho de acceso a la justicia de los familiares de la víctima, mediante una investigación diligente de los hechos en que se le privó de la vida, lo que no ocurrió. La ausencia de una investigación efectiva de este tipo de delitos, y la consiguiente no identificación, localización, detención y sanción de todos los responsables genera impunidad y, de este modo, propicia la repetición de los mismos y produce nuevamente un efecto inhibidor del ejercicio de la libertad de expresión, especialmente en lo que atañe al derecho a denunciar e informar sobre distintos acontecimientos.

El organismo destacó que no se advirtió tampoco la existencia de un protocolo de actuación rápida que diera a los investigadores la certeza en las acciones que deben desplegarse al conocer de la agresión a un periodista, lo que es trascendente, pues las primeras diligencias son determinantes para contar con indicios tendentes a ubicar a los probables responsables, más aun si podían tener relación con su actividad informativa y en el caso aportar a esa línea de investigación mayores elementos de búsqueda de los autores materiales e intelectuales del homicidio.

Por ello, González Pérez hizo un llamado urgente a la Feadle a replantear su actuación y desplegar los mecanismos para desarrollar eficazmente la investigación del crimen, mediante acciones dirigidas a la efectiva procuración de justicia y respeto de los derechos humanos, en especial los relacionados con la libertad de expresión.

Al encargado de la procuraduría el defensor le solicitó que se dé toda la información y acceso a la averiguación previa a los familiares del reportero; y que se elabore e implemente un protocolo de actuación inmediata con diligencias mínimas que aseguren una investigación rápida y eficaz en delitos contra periodistas.