Río de Janeiro.

Nelson Marchezan, alcalde de Porto Alegre, ciudad ubicada en el sur de Brasil, solicitó al presidente Michel Temer la ayuda del ejército para garantizar la seguridad en esta localidad ante las manifestaciones que se desatarán por el juicio, programado para el 24 de enero, contra el ex mandatario Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2011) por supuestas actividades de corrupción pasiva y blanqueo de dinero relacionadas con la operación Lavado Rápido.

En una carta difundida este jueves, Marchezan argumentó que el pedido se debe a la amenaza de ocupación de espacios públicos, y recordó que el tribunal donde será juzgado Lula se encuentra en un parque, lo que dificultaría desplegar un dispositivo de seguridad.

El Partido de los Trabajadores convocó a movilizaciones cuatro días antes del juicio por la presunta obtención de un departamento en el municipio de Guarujá, localizado en Sao Paulo, que habría ofrecido a Lula la constructora OAS a cambio de contratos en la estatal Petroleo Brasileiro.

Si la condena a nueve años y medio de prisión es ratificada, el ex mandatario podría perder su libertad una vez que se agoten todos los recursos judiciales, que podrían llegar hasta la Corte Suprema. Esto lo llevaría a cumplir la sentencia mencionada. Y, aunque debería quedar inhabilitado como candidato para las elecciones presidenciales de octubre, existen recursos que le permitirían continuar con sus aspiraciones políticas.

Lula, de 72 años, niega las acusaciones y asegura que son parte de un pacto diabólico de opositores para impedirle regresar al poder. Sin embargo, a medida que pasan los días crece la expectativa por el juicio, y diversos medios especulan la posibilidad de que el propio líder izquierdista se presente ante el tribunal.

En mayo, cuando Lula fue interrogado por el juez Sergio Moro en la ciudad de Curitiba, en el sur del país, se desplegó un dispositivo de seguridad con cientos de policías militarizados. A pesar de las marchas en favor y en contra del ex presidente no se reportaron incidentes debido a que los manifestantes de ambos bandos se ubicaron en puntos distantes de la ciudad.

El representante icónico de la izquierda latinoamericana es objeto de otros seis procesos judiciales, pero aún es el favorito para dirigir nuevamente el Palacio del Planalto, de acuerdo con recientes sondeos.