El Consejo de Salubridad General (CSG) ordenó en agosto de 2007 a la Secretaría de Salud (Ssa) desarrollar un plan de preparación y respuesta ante una eventual emergencia por influenza; una parte tenía que ver con la disponibilidad de la vacuna.

En aquellos años, los fabricantes eran escasos y cuando surgió la pandemia, en 2009, se recurrió al laboratorio farmacéutico Sanofi Pasteur. La dependencia federal firmó un convenio con esta empresa y desde 2008 le compra de manera exclusiva el inmunógeno.

El convenio que vencía en 2022 será sustituido por uno nuevo que estará vigente hasta el año 2032 y cuya firma se programó para los últimos días de 2017, con la novedad de que a éste se le agregará la adquisición de la vacuna pentavalente acelular.

Ésta forma parte del esquema de vacunación universal y se aplican cuatro dosis a niños de dos, cuatro, seis y 18 meses de edad y, además, protege contra difteria, tétanos, tosferina, poliomelitis y la llamada Haemophilus influenzae tipo B.

De acuerdo con información obtenida por La Jornada, en los próximos 15 años, la Ssa comprará, mediante el convenio pactado con Sanofi Pasteur, entre 270 millones y 291 millones de dosis de la vacuna contra influenza –entre 15 y 16 millones por año–, mientras que de la pentavalente serán de 23 a 57.4 millones de dosis, es decir, de 1.5 a 3.8 millones de dosis anuales.

Luego de varios meses, por fin, concluyó un largo y complejo proceso de negociación que involucró la creación de una asociación público-privada (APP) entre Sanofi Pasteur y Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex), empresa mayoritariamente estatal que depende de la Ssa.

Birmex es el distribuidor de las vacunas contra influenza y pentavalente de Sanofi. Con esa calidad se da el convenio plurianual con el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia), organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud y encargado de la adquisición de los biológicos.

Hasta ahora, todas las partes involucradas han mantenido absoluta discreción sobre los términos del convenio; incluso, la información relativa a la APP se mantiene bajo reserva de 12 años por parte de Birmex (La Jornada 25/04/2016).

Expertos consultados acerca del tema advirtieron sobre el riesgo de que un acuerdo de exclusividad, como el que se plantea entre Birmex y el Censia, no permita garantizar al Estado las mejores condiciones de compra de las vacunas, porque si bien los fabricantes del biológico contra influenza siguen siendo pocos, durante la década anterior las opciones han aumentado.

Es decir, existiría la posibilidad de desarrollar una sana competencia, como se ha hecho en las compras consolidadas de medicamentos que durante cinco años ha liderado el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); en cada ejercicio es posible obtener mejores precios por los productos que se adquieren en grandes volúmenes.

La historia de los convenios Sanofi-Birmex-Censia se aceleró en 2009, a raíz del surgimiento de la citada pandemia de influenza; los países que tuvieron acceso a la vacuna de manera rápida fueron aquellos donde estaban las fábricas. En México, la Ssa acordó con Sanofi Pasteur la compra de los inmunógenos.

A partir de ahí, surgió la alianza con Sanofi. El objetivo es conseguir la autosuficiencia en esta materia; la firma de capital francés se comprometió para ello a instalar una fábrica para la elaboración de la sustancia activa de la vacuna antiinfluenza, misma que funcionaría desde 2013 en el estado de México. La Ssa, por conducto de Birmex, también instalaría una planta donde se completaría el proceso de fabricación del biológico (formulación, envasado y acondicionamiento).

En Birmex se le identifica como planta multipropósito, donde se consolidaría como productor de vacunas y lograría un ahorro sensible para el país. Esta parte del convenio no se cumplió y ahí entró la APP, por medio de la cual Birmex contrata a dos empresas socias de Sanofi, mismas que le proveen de los elementos y tecnología para el envasado y empaquetado de la vacuna. (La Jornada, 19/1/16).