El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) denunció que aún existen leyes estatales que consideran a las personas con discapacidad como seres que padecen idiotismo o imbecilidad, tal es el caso de los códigos civiles de Baja California, Campeche y Chihuahua.

En información proporcionada, expuso que existen varios estereotipos hacia este sector de la población y que históricamente se les ha considerado como inútiles, incapaces o menos productivas que las personas sin ninguna discapacidad. Añadió que tanto en los medios de comunicación, escuelas, empresas y otros espacios se les ridiculiza o excluye abiertamente.

El Conapred calificó mil 497 expedientes como presuntos actos de discriminación relacionado con personas con discapacidad de 2011 a septiembre de 2017. Expuso que las acciones se dieron principalmente en el ámbito educativo, 30 por ciento, y laboral, 24 por ciento. Los principales derechos vulnerados fueron el trato digno, la accesibilidad, la educación y el trabajo.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 6.6 por ciento de la población, más de 7.7 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad. El Conapred indicó que la mayoría vive en pobreza o depende económicamente de otras personas debido a que es discriminada y excluida en las escuelas, servicios de salud, al buscar empleo y en las acciones del Estado.

Agregó que las condiciones son peores cuando, además de su discapacidad, estas personas muestran alguna otra condición de vulnerabilidad ligadas a su origen étnico, diversidad sexual o edad.

El Conapred expuso que existe una falta de armonización legislativa que impide el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad en leyes de varios estados. Sin especificar cuáles, señaló que 15 códigos civiles impiden el derecho al voto a quienes están bajo la tutela jurídica de alguien más; varios no reconocen como discriminación el negar ajustes razonables ni sancionan la discriminación a las personas con discapacidad.

Expuso también la falta de recursos destinados a la accesibilidad en espacios públicos y privados, pues la gran mayoría no lo son. Agregó que tampoco existen mecanismos de monitoreo, queja y sanciones efectivas para el incumplimiento de las leyes de accesibilidad. Además, faltan planes y estrategias de protección, prevención y atención a personas con discapacidad en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias.

De igual manera, señaló que hace falta cambiar el enfoque asistencialista y segregacionista de los programas dirigidos hacia este sector de la población, común en varias políticas públicas de atención a ese grupo, por un enfoque incluyente y de derechos.

Finalmente, indicó que el reto más importante es la aplicación plena de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.