Mexicali, BC.

Mexicali Resiste presentó ante el Poder Judicial de la Federación un amparo contra la aprobación del Centro de Control, Comando, Comunicaciones e Inteligencia (C5I) en el Congreso local, debido a que el proyecto aumentará la deuda estatal en 800 millones de pesos, a pagar en 10 años.

La organización solicitó el amparo por conducto del juzgado sexto de distrito en materia de amparo y juicios federales en Mexicali, por considerar que el nuevo sistema de vigilancia, que incluiría videocámaras y botones de pánico, no es viable financieramente, ya que la deuda estatal asciende a 21 mil millones de pesos.

La organización explicó que con el recurso jurídico, presentado el 22 de diciembre, pretende dar marcha atrás a la aprobación del dictamen 94, por el cual se autorizó al gobierno estatal la adquisición de equipo y tecnología de seguridad pública para enfrentar los altos índices de violencia en Baja California.

Mexicali Resiste ha realizado marchas en la capital de Baja California en repudio a los aumentos al precio de los combustibles. En marzo pasado presionó para abrogar la ley estatal del agua –que iba a permitir la inversión privada en este servicio– y logró la eliminación del pago por canje de placas vehiculares y del fuero constitucional a representantes populares locales.

La organización detalló que la resolución legislativa permite la contratación multianual de una empresa para hacerse cargo del Sistema Integral de Infraestructura e Interconexión Tecnológica para la Seguridad Pública de Baja California, proyecto que se pagará hasta en 10 años, con mensualidades de 6 millones 600 mil pesos, con la posibilidad de suscribir una carta de crédito o garantías de cumplimiento.

Costo de $17.6 millones al mes

En la petición de amparo, Mexicali Resiste advirtió que este proyecto se llevaría a cabo con la figura de asociación pública-privada con el nombre de Sistema Integral de Enlace y Monitoreo para el Estado de Baja California, aprobado por el Congreso y publicado en el Periódico Oficial el 30 de diciembre de 2016, junto con otras seis obras que se realizarían con el mismo esquema.

El contrato asentado en el acuerdo APP-EXORD8-2016-01 incluye mantenimiento del C5I por 22 años, en los que el gobierno estatal se compromete a pagar cada mes 17 millones 667 mil 590 pesos, 13 millones 700 mil pesos por tarifa fija de operación y mantenimiento y 3 millones 900 mil por tarifa de inversión.