Debido a su condición económica y social, millones de personas son excluidas todos los días de escuelas, servicios de salud, empleos y diversas oportunidades que podrían mejorar sus vidas, señaló el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). El reto más importante es reducir el número de quienes viven en situación de pobreza y en pobreza extrema.

Se reconoció al menos tres desafíos para lograrlo: eliminar los contenidos discriminatorios en el diseño y operación de programas sociales federales, pues de acuerdo con el estudio Desiguales, invisibles y excluidos. Discriminación presupuestaria y grupos vulnerables, 2010-2013, coordinado por Mauricio Merino y otros especialistas, muchos programas no tienen bien definida su población objetivo ni los problemas que buscan resolver, además sus reglas de operación excluyen en la práctica a buena parte de la población que pretenden atender porque les exigen cumplir con requisitos que resultan muy costosos.

Señaló que también se requiere que los resultados de las evaluaciones influyan sobre el diseño y la operación de los programas sociales. Se ha identificado que pocas veces se utilizan de esa manera, si se quiere lograr que resuelvan los problemas para los que fueron diseñados de la mejor forma posible, es fundamental seguir las recomendaciones de cada evaluación.

Destacó la necesidad de que se generen medidas que fortalezcan el ingreso, ya que la política social actual incluye muchos programas que reducen los efectos de la pobreza, pero no ayudan a eliminarla. Una opción, agregó, es el aumento al salario mínimo.

Las personas en situación de pobreza históricamente han sido marginadas por familiares que no están en esa situación, tratadas como ciudadanas de segunda o sin derechos en las instituciones públicasFoto Marco Peláez

De acuerdo con el Conapred, las personas en situación de pobreza históricamente han sido marginadas por familiares que no están en la misma situación, tratadas como ciudadanas de segunda clase o sin derechos en las instituciones públicas, entre otros.

Entre 2011 y septiembre de 2017, expuso, se presentaron 80 expedientes calificados de presuntos actos de discriminación por condición económica o social, de los cuales 69 fueron quejas contra personas particulares y 11 servidoras públicas. Un tercio de esos casos se dio en el ámbito laboral.

Entre los derechos vulnerados, el más frecuente fue trato digno (88 por ciento), seguido por los derechos al trabajo (31 por ciento) y a una vida libre de violencia (26 por ciento). Entre dichos casos hay historias de menores que no son atendidos en hospitales públicos porque sus padres no pueden pagar un estudio de laboratorio; trabajadoras del hogar que reciben mala atención en servicios médicos privados; mujeres acosadas laboralmente por ser nacas, feas” y huevonas (según muestran los testimonios en las quejas), así como hombres despedidos de su empleo por no cumplir las condiciones sociales deseables para los colaboradores del jefe.