on José acaba de cumplir 60 años y fue deportado hace 15. Me lo encontré haciendo cola en el Seguro Social para ver un asunto de su jubilación y compartimos información sobre requisitos y trámites.

Cuando le pregunté por qué había sido deportado, me respondió de manera directa y sin evasivas: fue el alcohol y las drogas. Pero había trabajado más de 20 años en Estados Unidos en diferentes actividades. Los años recientes laboró en una empresa metalúrgica y enfermó debido a gases tóxicos y puso una demanda a la compañía. Luego fue encarcelado y deportado.

Tiene familia e hijos en Estados Unidos y me decía que ya había cumplido con su castigo de 10 años y quería solicitar una visa para ver a su familia y proseguir con la demanda laboral.

Su presencia en el seguro era para darse de alta y cotizar los meses faltantes para completar las 500 semanas laborales y tener acceso una jubilación mínima de 2 mil 500 pesos. Para proseguir con el trámite tenía que depositar 400 pesos en el banco y volver al mes siguiente. Su actividad en ese momento era de trabajador eventual y completaba sus ingresos vendiendo bolis.

Más de 20 años trabajados y cotizados en Estados Unidos, más de mil semanas para hablar en términos de la seguridad social mexicana, no cuentan para nada. Ese dinero está guardado en un fondo especial llamado Earning Suspense File, que, como su nombre lo indica, está en suspenso, porque no ha sido reclamado por el gobierno mexicano. El total asciende a 1.2 trillones de dólares. De los cuales una parte corresponde a los fondos cotizados por los trabajadores mexicanos, que pagan impuestos federales para su retiro o jubilación y no devengan beneficios.

Para ello se requiere de que Estados Unidos, más bien el Congreso apruebe un acuerdo firmado en 2004 en Guadalajara llamado Convenio Americano-Mexicano de Seguridad Social. Con esta disposición, don José y otros cientos de miles de trabajadores mexicanos de la tercera edad y deportados podría reclamar la compensación correspondiente.

Ese acuerdo, llamado de totalización, forma parte de los convenios de la OCDE para evitar la doble tributación y facilitar que un trabajador pueda totalizar o completar los periodos, semanas o trimestres cotizados que le faltan para poder acceder a una jubilación, a la que tiene derecho al haber trabajado en dos o más países.

No hay ninguna señal de los negociadores del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que indique la menor intención de poner el asunto sobre la mesa. No se trata de dádivas ni concesiones, sino de derechos. México tiene un convenio semejante firmado con Canadá y los trabajadores migrantes que van con el programa PTAT de visas temporales pueden reclamar los años trabajados y totalizar sus cotizaciones con las del seguro social mexicano.

Hay más de 3 millones de mexicanos indocumentados con más de 10 años en Estados Unidos, más de una década de trabajo y de pago de impuestos y que podrían tener acceso una jubilación en caso de regresar a México o ser deportados.

Con este acuerdo, no sólo se solucionarían casos como el de don José, que podría contar con una jubilación mayor, posiblemente el doble o el triple, de lo que actualmente recibe. También sería la respuesta para el país y el sistema de seguridad social. Se calcula que México podría acceder a unos 100 mil millones de dólares de este fondo. Obviamente para ser entregados a los beneficiarios.

No como sucedió en el tiempo de los braceros, que el gobierno mexicano se quedó con 10 por ciento de los salarios, que eran considerados un ahorro para los migrantes y que debería serles retribuidos a su regreso. Ese dinero llegó a México, no se lo quedó Estados Unidos. Porque el asunto de la jubilación y los impuestos no depende del gobierno en turno. Son derechos adquiridos por las personas, los trabajadores que cotizaron. Ojo, no se trata de derechos ciudadanos, si no de derechos personales, individuales, independientemente de su situación, sean esclavos en el siglo XIX o trabajadores migrantes en el XXI.

Los deportados de hoy día ya no son jóvenes intrépidos que se iban a buscar fortuna a Estados Unidos y que los agarraban en la frontera. La mayoría son personas adultas con amplia experiencia laboral en Estados Unidos y semanas cotizadas, que en un futuro no podrán ser devengadas.

Nos hemos preocupado, y con razón, por los dreamers, que han sido deportados sin tener en consideración toda una vida y un contexto social, lingüístico y cultural vivido en Estados Unidos. Pero tienen a favor su juventud y un capital humano (escolaridad y bilingüismo) que pueden aprovechar y potenciar.

Pero el drama de los deportados adultos, tiene las obvias desventajas de la edad, la pérdida de relaciones, la falta de conocimiento del medio laboral y, muchas veces, la incapacidad para que el país pueda utilizar y aprovechar su enorme potencial y las habilidades aprendidas.

La certificación escolar y profesional, un tema en el cual finalmente se ha avanzado, por la enorme presión de las organizaciones civiles y de migrantes; no tiene un mecanismo similar para el caso de los trabajadores, muchos de ellos especializados.

Hay zonas en Estados Unidos donde la deportación afecta el mercado laboral. La industria de la construcción es un buen ejemplo, especialmente en las zonas de nueva inmigración donde se requieren y demandan trabajadores especializados.

Esos trabajadores formados y capacitados en Estados Unidos, que fueron deportados, tienen que formar parte de los nuevos flujos de migrantes temporales con visa. No sólo por razones humanitarias y reunificación familiar, simplemente por cuestiones económicas. Pero antes, habría que negociar que sus impuestos y sus contribuciones a la seguridad social sean reconocidos.