La Asamblea Legislativa aprobó la Ley Orgánica del Poder Judicial, la primera en el país, que a partir de lo que dispone la Constitución Política de la Ciudad de México introduce un mecanismo de ciudadanización de la función juris- diccional, al crear el Consejo Judicial Ciudadano para designar a quienes integrarán el Consejo de la Judicatura, instancia encargada de la vigilancia, evaluación y disciplina de los jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

La ley establece, como lo marca el texto constitucional, que el presidente del TSJ sólo permanecerá en el cargo un año sin posibilidad de reelección y en ningún caso, quien presida el tribunal estará al frente también del Consejo de la Judicatura.

Una vez que el dictamen se aprobó anoche por unanimidad de los 62 diputados presentes en el pleno, el órgano de gobierno legislativo concluyó el mandato constitucional de expedir antes de que termine este año el conjunto de leyes que establecen la organización y funcionamiento de los poderes públicos de la ciudad, luego de que el miércoles y jueves pasado se aprobaron la Ley de Alcaldías y orgánicas del Poder Ejecutivo y del Congreso.

En la discusión del proyecto en comisiones, la diputada Beatriz Olivares Pinal, quien continúa en el grupo parlamentario del PRD aún cuando ya renunció a dicho partido, propuso una reforma relativa a la designación de los magistrados, a efecto de que al menos dos de cada tres propuestas que presente el Consejo de la Judicatura al Congreso local para su aprobación, pertenezcan al Servicio Civil de Carrera Judicial.

Esto, dado que en su redacción, la ley no establece que las personas servidoras públicas que pertenecen a la carrera judicial deberán ser consideradas para ser magistradas, sino que lo serán sólo preferentemente.

La propuesta fue rechazada y una vez aprobada se turnó al pleno para sus aprobación.

La ley entrará en vigencia el 1º de junio de 2019, a excepción de las disposiciones relativas a l os consejos Judicial Ciudadano y de la Judicatura, que serán aplicables desde el 1º de enero de ese mismo año. A partir de esta primera fecha, el Tribunal Superior de Justicia tendrá un plazo de seis meses para adecuar su estructura orgánica.