La víspera del inicio de la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) de ayer, en un último esfuerzo por impedir la promulgación de la Ley de Seguridad Interior (LSI), el Observatorio Nacional Ciudadano entregó un documento mediante el cual demandó que se escuche a la sociedad civil y que el presidente Enrique Peña Nieto, acorde con lo establecido en la Constitución Política, vete la legislación, misma que fue publicada oficialmente horas después.

En el documento que se dio por recibido en la sesión del consejo se señala que, ante la situación crítica de seguridad, se requiere que las sesiones del CNSP se constituyan como un verdadero mecanismo de rendición de cuentas, en el cual las autoridades federales y los gobernadores realicen un ejercicio analítico y de evaluación respecto de las acciones implementadas en la materia.

El organismo hace un desglose del panorama: en promedio hay un homicidio doloso en el país cada 16 minutos con 9 segundos, con lo que se ha alcanzado la incidencia más alta en este delito desde 1997; han sido asesinados 12 periodistas, sin que haya avances significativos en la investigación de los casos que permita garantizar el acceso a la justicia y que se evite su revictimización; las fuerzas armadas siguen desempeñando funciones de seguridad pública cuando carecen del entrenamiento y la capacitación necesarias para combatir a la delincuencia y la violencia en el ámbito interno.

En paralelo, se está relegando la reforma para el fortalecimiento de las instituciones policiales como una de las principales acciones para atender la crisis de seguridad; se continúa sin avanzar en el registro, investigación y búsqueda de personas desaparecidas, y persisten las fallas básicas en la construcción y análisis de información estratégica en materia de seguridad, como se aprecia en las estadísticas oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Asimismo, deploran que se responsabilice al sistema de justicia penal adversarial –al que se considera uno de los escasos avances normativos en México– del aumento y la incidencia delictiva, cuando no se ha realizado lo necesario para que opere eficientemente en las instituciones de procuración e impartición de justicia.

El documento, que se dio por recibido en la sesión, fue distribuyó entre los integrantes del CNSP.