Barcelona.

Las próximas semanas serán cruciales para la formación de gobierno en Cataluña. El resultado de las elecciones celebradas este jueves arrojó una clara victoria del bloque independentista, es decir, el mismo grupo de tres partidos que gobernaron la región en los pasados dos años y que llevaron a cabo el proceso que acabó con la declaración unilateral de independencia y la construcción de una nueva república catalana.

Sin embargo, hay todavía muchas cuestiones por resolver, como la situación penal y procesal en la que quedarán los políticos catalanes presos en España y los refugiados en Bélgica, incluido Carles Puigdemont, quien se proclama presidente legítimo de Cataluña y es el principal aspirante a presidir de nuevo el gobierno.

El bloque independentista integrado por el Partido Demócrata de Cataluña (PDCAT, que a estas elecciones se presentó como Junts per Catalunya), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la Candidatura de Unidad Popular (CUP) obtuvo 70 escaños con 47.56 por ciento de los votos. Ganaron al conjunto españolista, que se quedó muy lejos de la mayoría para formar gobierno al sumar 57 escaños. Ni siquiera con un improbable apoyo de Cataluña en Comú (la marca electoral de Podemos), que obtuvo ocho escaños, sumarían los 68 necesarios para gobernar.

Con este escenario, la posibilidad más viable es la redición del pacto tripartita de los independentistas, si bien se tendrán que sentar a negociar.

Un elemento crucial para la CUP y para la mayoría de la sociedad que apoyó el proceso soberanista, incluida la Asamblea Nacional Catalana, es que exigen continuar con los pasos previstos para declarar y hacer efectiva la independencia y construir la nueva república catalana, condición que será clave para alcanzar acuerdos.

Puigdemont, en su primer discurso desde Bruselas, se mostró dispuesto a hacerlo, pero en estas semanas algunos dirigentes de su partido, así como de ERC e incluso de las plataformas civiles que apoyan la secesión, se han mostrado partidarios de ralentizar el calendario de la independencia y no precipitarse.

Otro elemento que enturbiará el proceso natural de la formación del futuro gobierno catalán es la situación procesal y penal del propio Carles Puigdemont, quien en cuanto pise suelo español será detenido y enjuiciado acusado de rebelión, sedición y malversación.

Esa situación podría complicar aún más tanto la negociación del nuevo gobierno como la formación de la nueva legislatura.

Oriol Junqueras, ex vicepresidente y líder de ERC, prefirió quedarse en España y ahora está en la cárcel, a diferencia de Puigdemont, quien buscó refugio en Bélgica. Su partido era favorito en los sondeos y acabó tercero.

Existe la duda respecto de si el independentismo, cercado judicialmente, mantendrá la vía de la unilateralidad.

Más aún, está en manos del Tribunal Supremo la suerte de la cúpula independentista sometida a proceso. Al estar en prisión preventiva, los líderes soberanistas pudieron contender en la elección, pero si los juicios culminan con condenas automáticamente quedarán inhabilitados para ejercer cargos públicos. No se descarta que la defensa de Junqueras y otros ex políticos presos solicite una modificación de las medidas cautelares para que puedan recoger sus actas de diputados.

Los plazos fijados por la legislación del Parlamento catalán establecen que los partidos tendrán hasta el próximo 6 de febrero como fecha límite para que presenten una candidatura y se celebre la sesión de investidura.

En tanto, seguirá gobernando en la región la administración española, pues el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ya dijo que mientras no haya certidumbre política en la región seguirá vigente el artículo 155. Incluso fue más allá al advertir que si los nuevos gobernantes siguen por la misma senda de no acatar la legislación no dudará en aplicar de nuevo el citado artículo.