Ley aprobada por los legisladores establece un esquema de trato digno y sensible
Viernes 22 de diciembre de 2017, p. 34
El pleno de la Asamblea Legislativa (ALDF) aprobó la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, que envió el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, la cual tiene entre sus objetivos garantizar un efectivo acceso a la justicia de las personas que han sido vulneradas por delitos o violaciones a sus derechos humanos, así como la protección de sus garantías hasta la total reparación del daño.
El dictamen, que aprobó el órgano legislativo la madrugada de ayer por unanimidad de los 59 legisladores presentes en el pleno, donde estuvo como invitada la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) de la Ciudad de México, Jaqueline L’Hoist Tapia, establece un esquema de protección a las víctimas que enfatiza un trato digno y sensible, que impida violaciones a sus derechos en los procesos judiciales.
La nueva norma obliga a las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia a atender las necesidades específicas de las personas que requieran sus servicios, como son su nivel de alfabetización, limitaciones visuales, auditivas u otras, así como disponer de traductores o intérpretes cuando así lo requieran.
La víctima gozará, en todo momento, de salud y una asistencia social adecuada, además de condiciones de seguridad y dignidad para no ser objeto de nuevas agresiones, intimidaciones o amenazas
, señala la norma, la cual garantiza también el principio de confidencialidad y secrecía de los procedimientos judiciales.
La ley promovida por el Ejecutivo local parte del reconocimiento de los derechos sustantivos de las víctimas; establece las características y disposiciones de un modelo de atención integral; el funcionamiento institucional e interinstitucional; las previsiones presupuestales para asegurar su cumplimiento y las responsabilidades de los servidores públicos obligados a observar y garantizar el cumplimiento de la norma.
Una vez que la ley entre en vigor, abroga la actual Ley de atención y apoyo a las víctimas del delito para el Distrito Federal.