Buenos Aires.

El gobernador oficilista de la provincia argentina de Jujuy, Gerardo Morales, ordenó una brutal represión contra trabajadores del ingenio La Esperanza que bloquearon una carretera para exigir su salario de noviembre y por el despido de unos 400 empleados, lo que dejó 20 heridos y decenas de detenidos, en momentos en que ese mandatario provincial es acusado de mantener presos políticos, entre ellos la dirigente social Milagro Sala, lo que ha originado sanciones de organismos internacionales.

En otra escalada represora en un municipio de la provincia de Formosa contra familias de la comunidad wichi, se utilizaron balas de plomo, con saldo de dos heridos graves, en momentos en que organismos sociales y humanitarios recuerdan un nuevo aniversario de la rebelión popular que en la noche del 20 de diciembre de 2001 terminó con la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa.

Precisamente después de un multitudinario cacerolazo, la represión que ordenó el gobierno de De la Rúa provocó más de 30 muertos, en medio de una caótica situación social y económica, Ahora Argentina vive difíciles momentos y la administración actual parece no haber entendido el mensaje de las calles.

Macri no quiere escuchar

El presidente Mauricio Macri no hizo referencia a los más de cien heridos durante una de las mayores acciones represivas en esta ciudad tanto el jueves 14 como el lunes pasado, desconociendo las multitudinarias movilizaciones de estos días, y las denuncias de las últimas horas donde se ha demostrado con videos y fotografías que la seguridad infiltró a agentes, que provocaron los graves incidentes del lunes.

Los cacerolazos de los dos últimos días son otro mensaje muy claro, pero el mandatario firmó el decreto para el pago de un bono limosna, como señala la organización de jubilados, a pagarse en marzo próximo, para ocultar lo que significará la baja de las pensiones y demás servicios sociales afectados por la reforma previsional.

En tanto, el juez federal Sergio Torres dispuso un allanamiento a la sede de la Armada argentina como parte de la investigación por supuestas irregularidades en la reparación del submarino ARA San Juan, desaparecido con 44 marinos.

Esto, en respuesta a una denuncia de la diputada de la oficialista alianza Cambiemos, Elisa Carrió.