El Senado aprobó un dictamen para que sea declarada semana nacional del migrante el penúltimo de estos periodos en diciembre. El documento refiere que cada año cruzan por el país entre 300 y 500 mil personas, el mayor porcentaje de ellas provenientes de Centroamérica.

Argumenta asimismo que este año fueron deportados 85 mil 400 connacionales que se encontraban de manera indocumentada en Estados Unidos, en tanto que México repatrió a 42 mil 705 centroamericanos mayores de 18 años. También refiere que 8 mil 545 migrantes menores de 18 años solicitaron refugio, pero sólo se les concedió a 977. El dictamen aprobado indica que este año México recibió a 4 mil 463 menores repatriados de Estados Unidos y a 401 menores centroamericanos en estaciones migratorias.

Añade que con la creación de la semana nacional se busca impulsar las siguientes acciones: realizar campañas informativas sobre los mecanismos para defender los derechos humanos de los migrantes; poner en marcha módulos de orientación, atención y quejas; elaborar y difundir una bolsa de trabajo para quienes se encuentran en situación irregular en el país; realizar foros con especialistas, académicos y miembros de la sociedad civil; fortalecer las acciones y programas con que cuenta el Instituto Nacional de Migración; presentación y análisis del diagnóstico sobre el fenómeno, a fin de redoblar esfuerzos en aquellas áreas que presenten mayores retos.

En los considerandos del dictamen aprobado por el pleno del Senado se detalla que debe realizarse un trabajo conjunto y coordinado de los tres niveles de gobierno para reducir la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los migrantes en el país, en especial los niños y adolescentes que no viajan acompañados.

Señala que el país debe brindar protección de manera prioritaria a los infantes que llegan desde Centroamérica –sobre todo del Triángulo Norte, conformado por Guatemala, El Salvador y Honduras–, en atención a que en los recientes 10 años su arribo ha aumentado en número y es cada vez más una población que huye de la violencia tanto en sus hogares como en sus comunidades, principalmente caracterizada por la persecución o amenaza de integrantes de las maras.

Se precisa que ante las diferentes realidades y retos que derivan de los diversos flujos migratorios en el territorio nacional, el Estado mexicano debe ser garante de los derechos humanos de estas personas y sus familias, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria. Esto incluye el fortalecimiento de los mecanismos de protección, dentro y fuera del país, en el contexto de los estándares internacionales a los que México está obligado y atendiendo las recomendaciones que diversos mecanismos regionales e internacionales le han hecho.