La Red de Universitarios de Apoyo al Concejo Indígena de Gobierno aseguró que la aprobación de la Ley de Seguridad Interior por el Poder Legislativo agravará la severa crisis de derechos humanos que enfrenta el país desde hace más de una década. Agregó que estará atenta al recurso de inconstitucionalidad que interpondrá la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tal como anunció la víspera.

En una manifestación pública frente al Monumento a la Revolución, la red exigió justicia y que se esclarezcan los homicidios y feminicidios cometidos contra estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en años recientes.

Durante el acto también se aprovechó la oportunidad para reunir firmas de apoyo a la candidatura independiente de María de Jesús Patricio Martínez, electa por el Congreso Nacional Indígena como vocera para las elecciones federales de 2018.

Víctor Caballero, del Colectivo Democrático Aequs, y Omar García, sobreviviente de la matanza de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, expresaron que la militarización del país será una de las múltiples consecuencias que tendrá la Ley de Seguridad Interior, en la cual, según se asienta, se conceden amplias facultades a las fuerzas armadas para combatir la delincuencia y el crimen organizado.

Además, ambos activistas señalaron que la militarización facilitará a las grandes empresas y consorcios continuar con sus prácticas de despojo de tierras y recursos naturales de las comunidades originarias.