Al concluir los trabajos del séptimo congreso nacional de educación alternativa, integrantes del magisterio disidente acordaron convocar en enero próximo a su décimocuarto congreso nacional político extraordinario en el que definirán un plan de acción frente al proceso electoral.

En su declaratoria, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) también aprobó aplicar a partir del año próximo su plan alternativo de educación en todas las escuelas en donde tengan condiciones para hacerlo, pues consideraron que los avances que existen en diversos estados y regiones en torno a la práctica y construcción del proyecto nacional de educación alternativa lo hace posible.

Luego de tres días de análisis y discusiones en la que participaron delegados de Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guerrero, Baja California, Coahuila, Hidalgo, Guanajuato y Morelos, entre otras, Pedro Hernández, de la dirección política de la CNTE, señaló que es necesario trazar una ruta que nos permita concretar una propuesta educativa y curricular más completa, además de generar experiencias que hagan posible de forma concreta nuestro proyecto de educación alternativa.

Por eso, expresaron su compromiso de aplicar esas propuestas en todo el país para defender no sólo la educación pública, sino la diversidad cultural, política, lingüística y pedagógica en todo el territorio nacional.

Los maestros disidentes se comprometieron a impulsar cinco ejes, entre ellos avanzar en el nuevo currículum para la resistencia política y pedagógica mediante foros organizados en ejes temáticos y por niveles educativos en los que se analizarán las particularidades del proyecto alternativo que se propone, indicó el dirigente.

También acordaron compone un grupo interdisciplinario para la sistematización de una propuesta curricular, pero dedicada a planes y programas de estudio, así como la elaboración de materiales educativos que apoyen el proyecto alternativo de educación.

La CNTE reconoció que es necesario tomar en consideración los factores geográficos y culturales, así como la recuperación de experiencias concretas en educación alternativa que ya se aplican en escuelas públicas del país y con las cuales se ha avanzado en un proyecto de emancipación social.

Los asistentes al encuentro acordaron mantener su compromiso con estudiantes, padres de familia y comunidades para garantizar la defensa de la educación pública frente a la coyuntura electoral y la Ley de Seguridad Interior, que militariza el país, aplica mano dura a la protesta social y legaliza las actividades del Ejército en tareas de seguridad pública, contradiciendo lo que establece la Constitución. Es el premio a los militares que exigen impunidad.