Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo, será extraditado en los próximos días a México, donde enfrentará cuatro órdenes de aprehensión: una de carácter federal, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y tres más del fuero común, por la venta irregular de terrenos propiedad de esa entidad a particulares.

A pesar de que ninguno de los delitos que se le imputan están tipificados como graves en el actual sistema de justicia penal, tanto el Ministerio Público Federal como las autoridades del estado pueden solicitar que se le mantenga en prisión preventiva ante la posibilidad de que pueda huir del país.

El ex mandatario quintanarroense fue detenido el pasado 4 de junio en Panamá, cuando se disponía a abordar un vuelo a París, por integrantes de la Policía Internacional (Interpol). Su entrega a México se realizará luego de haber agotado los recursos legales que impedían su extradición.

En el caso de la Procuraduría General de la República (PGR) y la acusación en el ámbito federal, la indagatoria contra Borge Angulo –quien gobernó de 2011 a 2016– se inició a partir de la denuncia presentada por la consejería jurídica de su sucesor, Carlos Joaquín González.

Según la demanda, de abril de 2011 a abril de 2014 fueron enajenados múltiples inmuebles de gobierno local, a precios por debajo de su valor comercial. Entre los principales beneficiarios de esas ventas estaban la madre de Borge, Yolanda Angulo Castillo, así como César Celso González Hermosillo y Melgarejo, presunto prestanombres del ex funcionario priísta.

El remate inmobiliario se hizo por medio del Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo. Por ejemplo, un predio de 44 mil 421 metros cuadrados, colindante con el mar Caribe, fue vendido a la madre de Angulo en 6 millones 108 mil pesos; otro terreno, de 4 mil 432 metros cuadrados, también en Cozumel, fue vendido a la progenitora del entonces gobernador en 886 mil pesos.

Funcionarios federales consideraron que en este caso, la extradición del ex gobernador de Quintana Roo pueda concretarse antes del 31 de diciembre, una vez que se realicen los trámites entre las cancillerías y las fiscalías de ambas naciones.