Continúan manifestándose las voces contra la ley de seguridad interior. Ayer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció "la voluntad política" del titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, al convocar a un intercambio de ideas para escuchar todas las posturas y enriquecer esta iniciativa.

En tanto que la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RTDT) exigió al Senado abstenerse de aprobar la minuta y por el contrario convocar a un diálogo con los sectores que han expresado su preocupación ante las consecuencias negativas que tendría, de avalarse en los términos actuales.

Aparte, el obispo de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Felipe Arizmendi Esquivel, pidió a los senadores que escuchen otras voces y aprueben una ley de seguridad que de veras sirva para proteger al pueblo, porque una norma que daña los derechos humanos no es conveniente ni adecuada.

En entrevista, consideró que el Ejército Mexicano está para cuidar y proteger al pueblo, y las leyes deben de adecuarse a las circunstancias actuales; es decir, cómo podría el Ejército ayudar mejor a la seguridad, al bienestar y a la protección del pueblo, no sólo en sus necesidades como en huracanes o terremotos, sino en todas las circunstancias, y eso tiene que legislarse, pero siempre protegiendo al pueblo, pues una ley que dañe los derechos humanos no es adecuada ni conveniente.

La CNDH destacó el llamado de Peña Nieto, quien en la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, llamó al Senado a ampliar los espacios de acercamiento e intercambio de ideas para que todas las voces sean escuchadas.

En el Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemoró este 10 de diciembre, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, saludó "la disposición del Senado de la República para atender la solicitud que le dirigió el Ejecutivo federal y ampliar el espacio de discusión y diálogo respecto de la seguridad interior".

Recordó que esto se da ante un sinnúmero de señalamientos que expertos, académicos, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y la propia CNDH han hecho sobre la necesidad de ampliar el debate.

Reiteró la disposición de la CNDH "de abordar la revisión de las políticas públicas en materia de seguridad y justicia de manera integral".