odo comenzó en una soleada tarde de julio de 2015, cuando José García, indocumentado mexicano, encontró una pistola cubierta por una manta abandonada en una banca de un céntrico jardín de la ciudad de San Francisco, California. El arma se disparó accidentalmente en el momento en que José la levantó. Para mala suerte de él, el proyectil rebotó en el pavimento e impactó a una turista que murió a los pocos minutos.

El fiscal acusó al señor García de asesinato en primer grado, pero después de casi dos años de litigio la defensa probó que el hecho fue accidental, por lo que el jurado lo absolvió. Ante la evidencia, el fiscal decidió no apelar del fallo. Sin embargo, el juicio cobró atención nacional debido a que Trump, con su habitual desparpajo, comentó sobre un hecho del cual desconocía los detalles. Además, mintió asegurando que José García había disparado intencionalmente el arma por lo menos cinco veces. Anteriormente García había sido detenido en diversas ocasiones, pero atendiendo a la política de no cooperación con las autoridades migratorias fue liberado por la policía. El hecho lo aprovechó Trump para criticar la política de ciudades santuario y decir que el juicio y el fallo habían sido una farsa y atacar nuevamente a las autoridades de San Francisco por su política de proteger criminales.

Esta serie de actos se enmarcan en la decisión que el Congreso de EU tendrá que tomar próximamente respecto de los 800 mil jóvenes conocidos como dreamers, cuya situación migratoria pende de un hilo. Parece haberse complicado por la necia obstinación de Trump de culpar a todos los migrantes de los problemas de justicia en el país, sin la menor prueba de ello.

Al igual que en otras graves decisiones en materia política, económica y social, Trump ha decidido cumplir con sus funestas promesas de campaña, una de ellas deportar a todos los indocumentados, para ganar el voto del sector más reaccionario de la sociedad. Lo más grave es que, no obstante la evidencia de lo aberrante de esas promesas y su decisión de cumplirlas, 80 por ciento de republicanos continúa apoyándolo. Peor aún: la mayoría de los legisladores de ese partido en el Congreso se han sumado a ese apoyo sin el menor rubor, a pesar del daño que están causando y la profunda ruptura que han ocasionado al tejido social de la nación.

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