espués de que el subsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Asuntos Políticos, Jeffrey Feltman, visitó Corea del Norte la semana pasada, representantes de dicho organismo emitieron en Nueva York una declaración en la cual sitúan el conflicto que se vive en la península coreana como la mayor amenaza a la paz y la seguridad en el mundo
. La advertencia fue acompañada por un llamado urgente para encontrar soluciones diplomáticas a la crisis desatada por el reiterado lanzamiento de misiles balísticos con capacidad nuclear por Pyongyang.
Lo primero que debe señalarse es la pertinencia del comunicado del organismo multilateral en un momento en que la administración estadunidense de Donald Trump se empeña en convencer a sus ciudadanos y a la comunidad internacional de que no hay salida pacífica al conflicto, con lo cual no hace sino azuzar la belicosidad del gobierno de Kim Jong-un.
En segundo lugar, es necesario analizar los antecedentes que han llevado a esta situación, cuya gravedad sin duda se encuentra en el orden indicado por la ONU. Es evidente que las posturas de Pyongyang –es decir, el amago de usar sus capacidades bélicas contra sus antagonistas– deben ser rechazadas en tanto suponen la amenaza de una conflagración nuclear cuyas consecuencias serían catastróficas e irreversibles. Pero resulta asimismo ineludible situarse por encima de la histeria propagandística, para reconocer las razones históricas concretas que condujeron al actual frenesí armamentista en esa nación.
Entre ellas, la que se remonta más en el tiempo es la devastadora guerra que fracturó la península coreana entre 1950 y 1953, cuyo término nunca se vio sancionado por un tratado de paz. Es decir, que formalmente persiste un conflicto bélico entre Pyongyang y Seúl, este último con el respaldo permanente de Estados Unidos, con cuyas fuerzas armadas no ha dejado de celebrar ejercicios militares conjuntos, percibidos y denunciados como actos de intimidación por el régimen norcoreano. El siguiente factor a tomar en cuenta es la inclusión del país en el denominado eje del mal
–junto con Irak e Irán y la posterior inclusión de Libia, Siria y Cuba– por el ex presidente George W. Bush.
En este sentido, el hecho de que Irak haya sido ocupado por el ejército estadunidense en 2003, mientras el presidente libio fue derrocado con apoyo aéreo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en 2011, y desde ese mismo año Siria enfrenta una guerra civil en la que diversos grupos opositores al gobierno han contado con ayuda de Occidente, no pueden ser leídos por el régimen de Pyongyang sino como amenazas a su propia existencia. Por último, la pérdida del respaldo militar largamente brindado por Moscú y Pekín dejó al gobierno de Kim en una situación de vulnerabilidad que busca compensar con mecanismos que disuadan a sus enemigos de cualquier pretensión intervencionista, en primer lugar mediante el desarrollo de sus capacidades nucleares, medida que constituye una lectura comprensible de la invasión contra Irak: si Saddam Hussein hubiese poseído las armas de destrucción masiva
que fueron el pretexto propalado para derrocarlo, probablemente la agresión militar de Estados Unidos se habría cancelado o al menos demorado.
Dicho lo anterior, debe remarcarse que el desarme de Pyongyang es un imperativo ético, además de la única perspectiva aceptable en términos de la seguridad internacional. Sin embargo, exigir la entrega de sus armas nucleares a Corea del Norte sin hacer lo mismo con los arsenales de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad –Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña–, así como aquellos en manos de Israel, India y Pakistán, constituye una doble moral impresentable que mina cualquier salida justa y realista al conflicto en la península coreana. Como agravante de este doble rasero aplicado por Washington y sus aliados, no puede pasarse por alto el cinismo implícito en la demanda de desnuclearización unilateral de Pyongyang por parte de Estados Unidos, el más peligroso poseedor de armamento atómico en tanto es el único país cuya disposición a usarlo está demostrada.
Por elemental responsabilidad es impostergable que todos los actores transiten hacia vías diplomáticas y pacíficas, con la premisa de que una reducción de las tensiones en la península conducirá a menor hostilidad de Pyongyang, así como a la pérdida de impulso para los promotores del armamentismo dentro del régimen. En segunda instancia, debe avanzarse hacia la desnuclearización generalizada a fin de conjurar definitivamente el peligro atómico, pues queda claro que pedirlo únicamente a Corea del Norte es un acto arbitrario que nada abona a la seguridad global.
