Los constantes recortes en los fondos del sector salud durante el actual sexenio han dejado sin recursos a varios programas que atienden a la población más vulnerable en los estados más pobres, advirtió la investigadora Daniela Díaz, especialista en temas presupuestales, del Centro de Análisis e Investigación Fundar.

Como informó La Jornada el pasado 6 de diciembre, el presupuesto del sector salud ha decrecido 18.61 por ciento desde que comenzó el gobierno de Enrique Peña Nieto hasta la fecha, lo cual impacta en la calidad y disponibilidad de los servicios sanitarios, además de violar el principio de progresividad que deben tener los recursos para esta labor.

Un ejemplo de la manera en que esta política de reducción presupuestaria ha afectado a los grupos sociales con mayores carencias, afirmó la analista, es el programa de atención a embarazo, parto y posparto del estado de Guerrero, que este año sufrió una caída de 47.21 por ciento en sus fondos con respecto a 2016, al pasar de 35.9 millones de pesos a sólo 20.19 millones.

Otro caso que deja ver las carencias con las que trabajan los sistemas estatales de salud es el de los servicios de atención materna y perinatal del Seguro Popular en Chiapas, concretamente en las unidades de primer nivel de las regiones con mayores carencias.

De acuerdo con un estudio del Observatorio de Mortalidad Materna en México y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, recordó Díaz, en las mencionadas clínicas hay un desabasto notable en la inmunización, tanto para mujeres embarazadas como en recién nacidos.

En casi 70 por ciento de las unidades médicas no existen las vacunas que establecen los programas de salud materna y perinatal –en gran medida por la falta de condiciones para almacenarlas, como refrigeradores y energía eléctrica insuficiente–, y en 92 por ciento no hay ergometrina, un medicamento indispensable para el tratamiento de hemorragias.

A lo anterior, subrayó la investigadora, se suma el hecho de que en diversas regiones no hay suficientes médicos con experiencia y validación oficial de sus conocimientos, lo que lleva a las clínicas y hospitales a utilizar a los residentes o a los practicantes de servicio social en tareas para las cuales no siempre están capacitados.

Dichas carencias, generadas por los recortes presupuestarios al sector salud podrían subsanarse si el gobierno federal gastara menos recursos en labores no prioritarias, como la publicidad oficial, rubro que podría alcanzar los 60 mil millones de pesos durante el cierre del gobierno de Peña Nieto, de acuerdo con estudios de Fundar.