Domingo 10 de diciembre de 2017, p. 4
El comisionado para el diálogo de los pueblos indígenas, Jaime Martínez Veloz, advirtió que es obligación del Estado consultar a los indígenas antes de aprobar la ley de seguridad interior. El objetivo, precisó, es tomarlos en cuenta y evitar conflictos. Esta comisión es un organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación (SG).
Los pueblos indígenas tienen derecho a decidir cuáles son sus prioridades para el proceso de desarrollo y, en consecuencia, a ejercer control sobre su propio desarrollo económico, social y cultural
, destaca en una carta dirigida al titular de esta dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong.
El comisionado dijo que debido a que la ley sería de aplicación general, ello implica que se involucre a pueblos y comunidades indígenas ubicados en todo el territorio nacional
.
El documento fue recibido esta semana en el despacho de Osorio Chong, con copia para Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo de Gobernación.
En materia de tierras y territorios, agregó Martínez Veloz, los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, tal y como está en la Constitución y en otros ordenamientos de carácter nacional e internacional.
Es por lo anterior que me permito hacer de su conocimiento, que la consulta se considera una forma clave de diálogo que sirve para armonizar los intereses contrapuestos y evitar, así como también resolver conflictos
, dijo.
Al interrelacionar los principios de consulta y participación, la consulta no implica sólo el derecho de reaccionar, sino también el derecho de proponer.
La obligación de consultar a los pueblos indígenas surge en un nivel general, en relación con la aplicación de todas las disposiciones legales nacionales o internacionales, estas obligaciones se traducen en una exigencia para que se permita la libre participación de los pueblos indígenas en todos los niveles.