Zacatecas, Zac.

Personal de la minera canadiense Pan American Silver negó el acceso a sus instalaciones a peritos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), quienes llegaron procedentes de la Ciudad de México a realizar trabajos de medición y deslinde dentro del área de litigio que habitantes de la comunidad La Colorada, municipio de Chalchihuites, mantienen contra esa compañía, a la que acusan de despojo de tierras.

En declaraciones a La Jornada, Efraín Arteaga Domínguez, vocero de los habitantes que fueron desplazados de sus casas y terrenos por personal de la minera a principios de este año, informó que a solicitud de los afectados, la Sedatu midió un predio de mil 150 hectáreas, de las que ellos han sido posesionarios desde hace varias generaciones.

Durante toda la semana, agregó, los representantes del gobierno federal hicieron las mediciones en esa localidad, a pesar de que la minera no dio permiso para que los peritos ingresaran a sus instalaciones ni al polígono del cual la empresa dice ser propietaria.

Sin embargo alrededor de la mina se realizaron las mediciones y (la tarde de ayer viernes) se pudo concluir exitosamente la labor, a petición de los habitantes afectados por la compañía, en esa población ubicada 219 kilómetros al poniente de la capital de Zacatecas, en los límites con el estado de Durango.

El vocero de La Colorada declaró que Pan American Silver se negó a participar en estas diligencias, no asistió ni siquiera a defender su supuesto derecho. Ni a la reunión de inicio de los trabajos, ni a la reunión de cierre.

En aproximadamente dos meses, tras evaluar todos los elementos informativos obtenidos en su visita, los peritos de la Sedatu podrán emitir lo que en la ley agraria se conoce como un escrito de opinión, que tiene valor de dictamen. El próximo 10 de enero se realizará una nueva audiencia del Tribunal Unitario Agrario de Zacatecas (TUA), donde serán incluidos los trabajos de medición y deslinde que realizó personal de ese órga- no jurisdiccional.

Ésta es una nueva fase dentro del juicio que promovieron los campesinos de La Colorada y sus familias ante el TUA para que el gobierno federal les reconozca su condición de poseedores y pasar a la fase de propietarios, mediante un convenio de enajenación. Quieren demostrar que la minera canadiense se apropió ilegalmente de los predios que ocupa, y que las supuestas escrituras que la empresa dice tener, seguramente son malhabidas.

Por el momento lo más importante del procedimiento es que el TUA aprobó una medida cautelar para proteger a los habitantes de La Colorada, donde se señala que mientras se resuelve el fondo del asunto, la empresa no podrá desalojarlos de la unidad habitacional que construyó la compañía, donde los pobladores se tuvieron que refugiar, una vez que sus casas tradicionales fueron demolidas por la minera”.

Arteaga Domínguez recordó que minera Pan American Silver asegura que una parte del polígono de mil 50 hectáreas –donde se ubican sus instalaciones–, la adquirió a pequeños propietarios. Es ahí donde están sus oficinas, área de fundición, presa de jales y el tiro principal de la mina subterránea.

Pan American Silver extrae diariamente de esa mina mil 800 toneladas de concentrados minerales, de los que una vez procesados, obtiene oro, plata, plomo y zinc.