Aunque se ha avanzado lentamente en la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la falta de nombramiento de funcionarios clave ha paralizado la aplicación del marco legal en ámbitos fundamentales, señalaron los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SNA en un informe de actividades, informó la presidenta del organismo, Jaqueline Peschard.

Por ejemplo, destacan, los nuevos tipos delictivos asociados a la corrupción no pueden entrar en operación hasta que no se designe al fiscal en la materia y, por tanto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) no podría ordenar la apertura de datos de casos tipificados en esta materia.

En el informe plantean que han solicitado información relativa al presunto pago de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios para obtener contratos en Pemex, caso emblemático de corrupción, tras conocer que Raúl Cervantes, el anterior procurador General de la República, dijo que prácticamente estaba terminada la investigación. La respuesta hasta ahora es que el asunto se encuentra detenido por amparos interpuestos.

A su vez, Alfonso Hernández señaló que los avances a escala local para construir los sistemas estatales anticorrupción van aún más lentos: sólo 14 entidades han aprobado las leyes asociadas (en Tlaxcala no han aprobado ninguna); en 12 han designado a los Comités de Participación Ciudadana, algunos de los cuales fueron designaciones del Ejecutivo, y en cinco ni siquieran han emitido la convocatoria.

Por ello, se interpuesieron amparos desde el comité ciudadano para que el Poder Judicial determine si hay justificación para las omisiones de los congresos, en los cuales deberán realizarse en este mes las audiencias constitucionales, encaminadas ya a las decisiones.

En paralelo, Luis Manuel Pérez de Acha destacó se han promovido 99 solicitudes de acceso a información, dirigidas a todas los corporativos de Pemex y a las secretarías de Comunicaciones y Transportes y Desarrollo Social, para que den a conocer si otorgaron contratos a algunas las empresas que el Servicio de Administración Tributaria tiene identificadas como fantasma.

Alertaron acerca de la necesidad de que realmente exista mayor coordinación entre las instancias involucradas en el SNA, porque hay casos –advirtieron– de triangulaciones fraudulentas realizadas por dependencias con una veintena de universidades públicas, a las que se les canalizaron 44 mil millones de pesos, cuyo destino nunca se conoció con certeza ni por qué se contrataron este tipo de empresas. Esta cifra, aseveró Jorge Octavio López Presa, equivale al presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Peschard sostuvo que con todas las limitaciones que implica la carencia de una más estrecha coordinación entre todas las instancias que integran el modelo anticorrupción, la tardanza en la construcción del sistema en su conjunto y la necesidad de nuevas reformas que lo apuntalen, desde el Comité de Participación Ciudadan se pretende potencialziar a fondo todas las herramientas que se ofrecen a la sociedad para contribuir a desmontar las redes de corrupción que prevalecen en el país.

Por la mañana, durante su participación en el foro Transparencia en la lucha contra la corrupción, un asunto global, organizado por el Inai, Peschard reconoció que, efectivamente, es un problema que preocupa a todos los países en el mundo, pero los niveles de impunidad son algo que caracrteriza a México.