Integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, así como los actores Ofelia Medina y Daniel Giménez Cacho y el poeta Mardonio Carballo, exigieron la inmediata liberación de Arturo Campos Herrera, integrante de la policía comunitaria de Guerrero, en mitin celebrado frente a la representación del gobierno de ese estado en la Ciudad de México, .

Solicitaron la intervención del gobierno estatal para que el juez de la causa apresure la sentencia de Campos y otros miembros de la policía comunitaria, detenidos hace cuatro años acusados de diversos delitos que no cometieron. Señalaron que su detención fue una revancha del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Entregaron una petición con más de 33 mil firmas de ciudadanos, obtenidas mediante la plataforma digital Avaaz, quienes solicitan al juez penal de primera instancia del distrito judicial Morelos en Tlapa, agilizar el caso (de Campos Herrera) y dictar sentencia lo más pronto posible, así como tomar en cuenta las pruebas ofrecidas por sus abogados y decretar su libertad inmediata.

Campos Herrera fue detenido el primero de diciembre de 2013 y se abrieron varias averiguaciones previas en su contra por su presunta participación en cuatro delitos: dos por secuestro, una por robo y otra por delincuencia organizada. Tres de estas causas penales (salvo la de privación ilegal de la libertad, radicada en Tlapa) fueron desechadas por instancias judiciales federales.

La esposa de Arturo Campos, durante la entrega de firmasFoto Guillermo Sologuren

El titular de la representación del gobierno de Guerrero en la capital del país, René Juárez Albarrán, atendió a los manifestantes y dijo que para la administración estatal el proceso debe darse rápido y conforme a derecho. Incluso habló de la posibilidad de concretar una reunión entre el gobernador Héctor Astudillo y Campos Herrera para consultarlo sobre la forma de resarcir el daño a él y a la policía comunitaria, informaron integrantes de Tlachinollan.

Quienes acudieron a la entrega de firmas rechazaron la fabricación de delitos para criminalizar a líderes comunitarios y exigieron respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas, así como el reconocimiento de las leyes y tratados internacionales que los avalan.

A cuatro años de su injusta prisión, el juez tiene la oportunidad de hacer justicia, juzgar bajo los principios de independencia e imparcialidad, apegado a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, subrayaron.