El coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Emilio Gamboa Patrón, anunció que se difiere para la próxima semana la aprobación de la ley de seguridad interior, a fin de que no los acusen de dar fast track este jueves. Dijo que escucharán las voces serias de la sociedad civil, pero la legislación saldrá antes de que concluya el periodo de sesiones.

Por la tarde, las comisiones dictaminadoras se reunieron con representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, nacionales e internacionales, que se oponen a la ley y con el general Alejandro Ramos Flores, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien defendió la minuta y dijo que es falso que se militarice al país o que se dé un cheque en blanco a las fuerzas armadas.

El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de Derechos Humanos, Jan Jarab, refrendó la preocupación de ese organismo por la eventual aprobación de esa ley que legaliza la participación del Ejército en el combate al crimen organizado.

Por la mañana, Gamboa Patrón resaltó que las críticas de Jarab no son una postura de la ONU, sino del representante Jan Jarab. Sabemos a quién obedece, tiene huella, resaltó el priísta, sin querer abundan en la acusación.

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Jarab clarificó al postura de la oficina a su cargo y recalcó que los anteriores tres altos comisionados de la ONU han sostenido que es una decisión equivocada dejar a las fuerzas armadas a cargo de la lucha contra el narcotráfico. La oficina siempre expresó su preocupación de que ello iba a provocar graves violaciones a los derechos humanos y lamentablemente ello ha ocurrido.

El funcionario de la ONU recalcó que además el uso del paradigma militar no ha sido exitoso, ya que se llegó a una violencia cada vez más caótica y salvaje por las pugnas por las plazas entre los capos de la droga y se llegó este año a la cifra escalofriante de 33 mil desapariciones forzadas.

Durante esa reunión, encabezada por la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz, intervinieron también Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, quien insistió en que la ley de seguridad interior que ya aprobó la Cámara de Diputados, es muy laxa. Miguel Pérez Sánchez, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, insistió en que la norma debe ser ampliamente discutida, para acotar las fallas estructurales.

El general Ramos Flores reconoció que el modelo de los pasados años, que contempla la presencia de las fuerzas armadas en las calles, no ha funcionado.

Sin embargo, defendió la minuta. Advirtió, de entrada, que no estaba de acuerdo con el debate sesgado y que no están pidiendo una ley para las fuerzas armadas, ni la intención es que se queden para siempre a cargo de tareas policiacas.

Se dice que la ley es para perpetuar a los militares en las funciones de seguridad pública. Primero, la ley no habla de funciones de seguridad pública y, segundo, la ley categóricamente dice que las fuerzas armadas podrán ser utilizadas como último recurso, después de que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno han sido insuficientes para contener la amenaza que se está presentando.

Retador, el general Ramos Flores advirtió que los militares no se van a subordinar a ninguna autoridad civil, que no sea el presidente de la República, quien, de acuerdo con la Constitución es el comandante supremo del Ejército.

No hubo intercambio de opiniones. Al final, el representante de la ONU dijo que después de escuchar al general Ramos Flores, mantenemos nuestra postura, sin cambiarle ni una sola coma.