Amnistía versus hipocresía
n México hay una guerra en curso, pero sus bandos no son los que dice el gobierno. Esta no es una guerra entre delincuentes organizados y autoridades empeñadas en hacer cumplir la ley; se trata, en cambio, de una guerra de despojo cuyos bandos reales son, por una parte, un conglomerado transversal de intereses delictivos que va desde corporaciones financieras nacionales y trasnacionales –que hacen grandes negocios con el lavado de dinero– y los gobernantes y funcionarios que se enriquecen con sobornos del narco hasta empresas de servicios de seguridad que logran colocar jugosos contratos de venta de bienes y servicios y, claro, capos históricos o circunstanciales; por la otra, amplios sectores de la población que pagan con su sufrimiento y muerte las fortunas de unos pocos: desde los adolescentes contratados como halcones y camellos, y los campesinos mariguaneros y amapoleros hasta los ciudadanos que sufren el embate de la violencia y la inseguridad crecientes. Mientras mayor es el sacrificio impuesto a los segundos, mayor es el volumen de riqueza que acumulan los primeros. Esta guerra es, además, un mecanismo que permite ahondar la desigualdad económica y política: conforme se desarrolla, los mandos del bando saqueador no sólo engordan sus cuentas, sino que también concen-tran atribuciones políticas crecientes, mientras los saqueados experimentan la reducción de sus facultades ciudadanas, derechos y garantías.
Los objetivos declarados de esta guerra tampoco corresponden a sus propósitos reales: combatir las adicciones y recuperar la seguridad y la paz públicas. En el penúltimo año del sexenio de Felipe Calderón –promotor, ideólogo y ejecutor principal del conflicto armado aún en curso– la Encuesta Nacional de Adicciones reveló que el consumo de drogas ilegales entre la población joven se encontraba prácticamente estable desde 2008 y que incluso había crecido ligeramente: de 1.4 por ciento de la población a 1.5, pero que casi se había duplicado con respecto a 2002, cuando fue de sólo 0.8 por ciento (https://is.gd/zjIQgd). Para 2016 el porcentaje había subido a 2.9. En población de todas las edades el uso de mariguana pasó de 4.2 en 2008 a 8.6 (https://is.gd/I4CmEZ). En lo que se refiere a la inseguridad, los homicidios violentos pasaron de 10 mil 452 en 2006 a 25 mil 967 entre 2006 y 2012, para un acumulado sexenal de 132 mil 65, un incremento de 86 por ciento con respecto a la administración anterior. Entre 2013 y 2016 las ejecuciones anuales se mantuvieron por encima de las 20 mil y entre diciembre de 2012 y octubre de 2017 el peñato acumulaba 114 mil 61 asesinatos violentos (https://is.gd/cfnHIs). De seguir la tendencia, Peña Nieto acumulará, en su administración, más muertes que Calderón en la suya.
Peor aún, de cara al reforzamiento de la legalidad ha resultado contraproducente: entre 2006 y 2011 el número total de quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pasaron de 5 mil 475 a 40 mil 114; en 2006 la Secretaría de la Defensa Nacional fue señalada en 182 de los expedientes, pero para 2011 su participación se había incrementado a 6 mil 680, pasando de 3.3 a 16.7 por ciento del total; la Secretaría de Marina, por su parte, vio incrementadas las quejas en su contra de 24 en 2006 a 833 en 2011, y su porcentaje pasó de 0.4 a 2.07 por ciento (https://is.gd/vFMIKI). La Policía Federal, por su parte, acumuló 6 mil 322 quejas entre 2006 y lo que va del presente año. En estos 11 años, la violencia y la ausencia de Estado han experimentado cambios regionales, pero no han disminuido. Como en el calderonato, y a pesar de las alternancias locales, Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Morelos, Michoacán, estado de México y Nayarit, entre otras entidades, siguen siendo territorios de impunidad bajo el imperio de la delincuencia organizada, y a ellos se van sumando otras entidades, como Puebla, Ciudad de México y Baja California Sur (https://is.gd/5vm4KO).
En 2006, en abierto atropello a la Constitución, el régimen echó mano de las fuerzas armadas para el combate a la delincuencia con el pretexto de que las policías estatales y municipales estaban infiltradas por la criminalidad, resultaban inoperantes y era preciso sanearlas, moralizarlas y profesionalizarlas para que pudieran cumplir con sus encomiendas legales. Once años más tarde, el mismo régimen no ha avanzado un centímetro en el propósito de capacitar a las corporaciones policiales (https://is.gd/BrUC6V) y pretende imponer una ley de seguridad interior que da cobertura legal a la participación preponderante de soldados y marinos en la guerra. Y los enfrentamientos cotidianos continúan, las masacres se repiten –con mucha menor cobertura mediática, eso sí, por expresa petición presidencial–, la delincuencia organizada diversifica sus ramos y productos –del trasiego de cocaína a la producción de metanfetaminas, por ejemplo, y del tráfico de personas a la explotación masiva de los ductos de combustible–, los feminici-dios van al alza (https://is.gd/K2bb4g) y la inseguridad, también.
Los resultados de estos 11 años deberían ser incluso excesivos para demostrar que, a juzgar por sus propósitos oficiales, esta guerra no sirvió. Pero si el poderío de los cárteles no menguó es por la simple razón de que el objetivo real de los gobernantes y su delincuencia empresarial adjunta no es derrotarlos sino medrar política, económica y hasta electoralmente con ellos. Ahora el problema es que si logra conformarse un gobierno con voluntad política real para desmantelarlos por la vía militar y policial, el cumplimiento de esa tarea conllevaría un baño de sangre similar o peor al que ha tenido lugar en el violentísimo tramo Calderón-Peña, y que los muertos no sólo serían los cabecillas de la delincuencia sino, en proporción infinitamente mayor, sus trabajadores de base
, ciudadanos no inmiscuidos en el conflicto, así como soldados, marinos y policías. Proseguir el rumbo actual de la guerra implica seguir considerando exterminables, por ejemplo, a los cerca de 500 mil campesinos directamente vinculados a la criminalidad organizada (https://is.gd/W7XqBq).
Ya basta. No estamos viviendo una guerra de la legalidad contra el crimen, sino una guerra de la criminalidad enquistada en el poder en contra de la población y resulta imperativo analizar y debatir estrategias para ponerle fin: la despenalización de todas las drogas hoy tipificadas como ilícitas; la instauración de negociaciones de paz públicas y transparentes con los principales grupos delictivos para remplazar los arreglos y enjuagues bajo la mesa que han caracterizado hasta ahora su relación con el poder público (recuerden: no puede existir delincuencia organizada sin altas complicidades en la institucionalidad política) y, sí, derivado de lo anterior, amnistía para los que puedan ser considerados rehabilitables. En 1933, cuando el gobierno de Franklin D. Roosevelt derogó la Ley Seca (que durante su imperio multiplicó por cinco los índices de criminalidad en Estados Unidos) hizo a un lado buena parte de las imputaciones en contra de los mafiosos y nadie hizo un escándalo por ello.
Paz o guerra. Negociaciones o inhumaciones. Amnistía o hipocresía. O decidimos ahora o nos esperamos otros 100 mil muertos.
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