l primero en describir un triunfo electoral fraudulento como un golpe de Estado fue Cuauhtémoc Cárdenas en la jornada posterior a la elección en la que se declaró (legalmente) electo presidente de los Estados Unidos Mexicanos a Carlos Salinas de Gortari.

No fue el último. En realidad se iniciaba una nueva etapa del monopartidismo al que el mismo Salinas declaró sepultado. Él lo protagonizó. Lo extraño es que nadie viera al régimen como una dictadura. Somos muy comedidos. Hasta que un día, el escritor peruano (más tarde nacionalizado español y recipiendario del Premio Nobel de Literatura) Mario Vargas Llosa así lo declaró: México es la dictadura perfecta. Ni su intempestiva salida del país al día siguiente nos convenció del régimen dictatorial en que vivimos entonces y que, salvo su atenuación en 1994 mediante un alzamiento y un crimen, y el gobierno alterno del año 2000, no exento de fraude en su elección, se hizo más evidente en 2006 y en 2012 con un par adicional de elecciones selladas por el fraude.

El Ejército fue el soporte fundamental del gobierno de Felipe Calderón y lo ha sido del de Enrique Peña Nieto. Con la Ley de Seguridad Interior, el actual jefe de las fuerzas armadas pretende dar a éstas legalidad policiaca y prolongar el poder dictatorial del monopartidismo en manos de José Antonio Meade.

Con una mayoría facciosa, el monopartidismo se hace de las lealtades de una oposición amigable premiándola con ciertos puestos y una vida regalona. Así, no hay que extrañar que esta oposición sea bien concurrente en la votación que en ambas la Cámaras de Diputados produjo la Ley de Seguridad Interior, bien participando en su tupida discusión como si no se tratara de un redrojo inconstitucional del que nada se tiene que discutir. Discutir el contenido de una ley que rezuma inconstitucionalidad es legitimarla en los hechos. A esto aspira el régimen monopartidista.

Hasta ahora, no sin cautela, la única voz con timbre opositor es la de Morena, un tanto opacada por las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, su precandidato presidencial, en torno al tratamiento que piensa debe darse a los miembros del narcotráfico. El resto ha pasado a ser, por más rezongos que de pronto emita, la oposición amigable y sus compañeros de viaje (partidos fungibles y precandidatos no partidarios cercana a ella) requerida por el monopartidismo a fin de que su perfil dictatorial no se note o se note menos. Para una sociedad con sectores despolitizados, desinformados o sometidos a las burocracias estatales, sindicales y empresariales, ese objetivo se cumple. No así para quienes ven con autoridad internacional y con un margen de imparcialidad que en México desconocemos. El máximo representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, llamó al Senado de la República a no aprobar la Ley de Seguridad Interior.

Ese llamado lo han compartido la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Unicef y otros organismos vinculados a la ONU, como Mujeres-México, y muy numerosas personalidades públicas del arte y la cultura, organizaciones de la sociedad civil, de las universidades mexicanas y pocos pero importantes medios de comunicación.

Desde el Pacto por México, el monopartidismo se vio potenciado con el apoyo del PAN y del PRD. No fue extraordinario que varios de sus diputados votaran por la aprobación de la ley inconstitucional que pone a la seguridad pública bajo el mando único del Presidente a través de las fuerzas armadas: la policía privada del Presidente, dice el reconocido actor Diego Luna en el spot de una de esas organizaciones que circula profusamente por las redes sociales.

La preparación del fraude electoral del próximo año tuvo por principal experimento la pasada elección en el estado de México. Consolidó una tendencia que lleva ya cuatro décadas y que consiste en: 1) asegurar que el candidato no deje duda de que privilegiará, sobre cualquier otro, los intereses de uno por ciento de la población (fue a esa minúscula minoría a la que favoreció el auge petrolero, la reforma bancaria, la absorción de su deuda para que la pagáramos los mexicanos de menores ingresos, las exportaciones y la venta de recursos estratégicos nacionales); 2) elevar al máximo el gasto electoral para que los candidatos no afines a los empresarios integrados al uno por ciento se vean imposibilitados de triunfar; 3) comprar votos impunemente; 4) manipular el sistema de cómputo in situ o en las propias entrañas del organismo electoral oficial, y 5) en caso de que todo lo anterior falle, imponer como sea al candidato echando mano de los cuerpos de seguridad a efecto de controlar la inconformidad, incluso con la represión. Y si llega el conflicto a los tribunales electorales, allí, con alguna chicana legal, como ha ocurrido en Coahuila, dar el triunfo a quien el monopartidismo tenía previsto que ganara.

Al monopartidismo y su oposición amigable debemos el deterioro de nuestros niveles de vida y la depredación de la naturaleza en territorio nacional. Naturalmente, me quedo corto. Pero si digo que el régimen monopartidista de perfil dictatorial ha destruido en buena medida al país que conocieron nuestros padres en su primera juventud, también me quedaría corto.