San Raymundo Jalpan, Oax.

Al menos 95 órdenes de aprehensión fueron giradas durante 2017 por irregularidades cometidas por funcionarios de la administración que encabezó Gabino Cué Monteagudo (2010-2016), y las investigaciones continúan en diversas dependencias, informó ayer el secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Navarro, durante su comparecencia ante la 63 Legislatura local.

Añadió que se detectaron irregularidades en relación con el accidente de helicóptero ocurrido en 2009, después del cual la aeronave –que estaba asegurada– debió ser reparada, pero hoy continúa en partes, lo que implicaría un daño de 10 millones de dólares al patrimonio estatal.

Como parte de la glosa del primer informe de gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, Díaz Navarro se presentó ante la comisión de vigilancia de la Auditoría Superior del Congreso local. El funcionario señaló que al iniciarse la actual administración se detectaron irregularidades en la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, cuyo trabajo fue incorrecto o nulo, lo cual derivó en la emisión de 99 observaciones a las cuentas públicas de 2010 a 2015 por un monto de 7 mil 353 millones de pesos.

Agregó que en el gobierno actual se iniciaron 25 auditorías sobre el udo de recursos federales y estatales por 5 mil 44 millones de pesos, y se detectaron anomalías en tres casos, que tienen que ver con el uso de 177 millones 300 mil pesos. Esta información ya fue turnada al área de responsabilidad y situación patrimonial.

Indicó que entre las anormalidades más graves que se han detectado destacan desvíos en las secretarías de Salud, Finanzas, así como de Vialidad y Transporte, lo que ocasionó que se iniciaran procesos jurídicos –aún no desahogados– contra ex colaboradores de Cué Monteagudo, además de que hay ex empleados del gobierno anterior detenidos y bajo investigación.

Omisiones en cobro de seguro

Aseguró que la administración de Murat Hinojosa pretende recuperar el dinero robado o desviado, lo que implicará un proceso muy largo, pues se requiere que concluyan los juicios actuales, y sólo cuando se determine que los procesados son culpables se podrá proceder a la recuperación de los recursos.

En cuanto al helicóptero en el que el ex gobernador priísta Ulises Ruiz sufrió un accidente en 2009, la aeronave fue comprada a un costo de 5 millones de pesos y se contrató un seguro por la misma cantidad, pero la unidad jamás fue llevada a reparación, lo que implicaría responsabilidades del gobierno de Gabino Cué Monteagudo, que debió dar seguimiento a la aplicación del seguro, lo que podría configurar un daño al patrimonio del estado por 10 millones de dólares.

José Ángel Díaz Navarro afirmó que la administración actual no solapará ni permitirá malos manejos por parte de funcionarios de administraciones anteriores o de la actual; por ello se han iniciado procesos legales y se han aplicado diversos programas que garantizan la legalidad y la transparencia en la administración pública, entre ellos la obligatoriedad de presentar declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.