Desde que se inició el sexenio a la fecha, el presupuesto del sector salud ha caído de forma constante, hasta llegar a un decremento de poco más de 18 por ciento, lo cual implica no tener recursos suficientes para eliminar los rezagos que existían antes del presente gobierno, pero tampoco para mejorar la disponibilidad y calidad de los servicios de hospitales y clínicas.

Así lo afirmó la investigadora Daniela Díaz, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, quien advirtió que la constante reducción de fondos para la salud también significa una violación del principio de progresividad de los recursos para esas labores establecido en la Constitución y en diversos tratados internacionales firmados por México.

De acuerdo con un estudio coordinado por la especialista, los recursos dedicados al ramo 12 del Presupuesto de Egresos de la Federación, en el que se encuentra registrado el sector salud, reportan una disminución de 18.61 por ciento de 2013 a 2018, lo cual impacta la calidad de los servicios sanitarios y su nivel de cobertura.

En el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto (2013-2014) los fondos para salud cayeron 2.94 por ciento; en el periodo 2014-2015 el decrecimiento fue de 2.22, y en 2015-2016 de 2.39.

La caída anual más fuerte ocurrió en el periodo 2016-2017, cuando el presupuesto del ramo 12 bajó 8.1 por ciento y para el 2017-2018 el descenso será de 4.49.

Esa serie de recortes a los fondos para labores sanitarias, advirtió la investigadora, tiene como consecuencia que el actual gobierno no logrará eliminar los rezagos que heredó en materia de calidad de los servicios de salud y de disponibilidad en todo el territorio, especialmente en las regiones con mayores índices de pobreza y marginalidad.

Otro efecto de dicha política de reducción presupuestaria es que no se logrará atender debidamente a todos los afectados por las catástrofes naturales ocurridas en 2017, como los sismos de septiembre y los huracanes Katia, Irma y José.

Además de lo anterior, no asignar recursos suficientes para esas labores implica dejar de cumplir con el carácter progresivo que deben tener los presupuestos que garantizan el derecho humano a la salud, establecido en varios artículos de la Constitución y diversos tratados internacionales firmados y ratificados por México.

Recursos públicos para la salud hay, pero el gobierno actual ha incumplido sus obligaciones de garantizar ese derecho. Durante 2018 esto se podría revertir, porque el Legisaltivo tiene facultades para hacerlo, enfatizó Díaz.