El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción ha recibido de instituciones del Estado reprimendas, descalificaciones y planteamientos absurdos en el sentido de que como no hay fiscal en la materia, tampoco hay delitos de corrupción en México, señaló Luis Manuel Pérez de Acha, integrante de dicho órgano.

Dijo que por este motivo los ciudadanos que conforman dicho sistema se sienten frustrados, y calificó de disparatada e improcedente la interpretación extremosa de que mientras no esté designado el fiscal anticorrupción no hay delitos en la materia en México, cuando ya están previstos desde hace muchas décadas en el Código Penal Federal.

Descartó que por esta interpretación pudieran echarse abajo casos como el Javier Duarte o Roberto Borge, ex gobernadores de Veracruz y Quintana Roo, respectivamente.

Durante el foro Política y dinero: democracia vs corrupción, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), un ciudadano les reprochó a varios ponentes si creían que con sus participaciones habían cumplido con enfrentar la corrupción.

Pérez de Acha le respondió: “En el Comité de Participación Ciudadana lo que más sentimos es frustración, porque tratar de materializar nuestro trabajo no se puede. De nosotros no depende la investigación de los delitos, las acusaciones ni los trabajos de auditoría.

Te puedo hablar de los sabotajes que estamos recibiendo, de las reprimendas, de las descalificaciones, de las votaciones en contra; de temas que no podemos meter ni siquiera en agenda; deja tú discutirlos. Te pongo un ejemplo: nos dicen que los actos de corrupción todavía no son delitos, porque aún no está nombrado el fiscal anticorrupción. Es lo más absurdo que estamos escuchando.

Ofreció continuar la lucha contra esos actos delictivos, pero dijo que si sólo unos académicos que integran el Comité de Participación Ciudadana andan desvariando sobre la corrupción, están muy lejos de poder trascender en este trabajo, pero no nos rajamos.

En entrevista, explicó que esta falta de voluntad política es evidente, porque desde el 19 de julio debió quedar integrado este sistema, pero sigue sin magistrados ni fiscal anticorrupción; tampoco hay titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y el nombramiento del auditor superior de la Federación está en riesgo.

Reiteró lo dicho a The New York Times en cuanto a que la falta de estos nombramientos es una mala broma por parte del establishment político, de quienes ejercen el poder en México y que en junio de 2016 se comprometieron en Palacio Nacional a combatir la corrupción.