Ayer comparecieron ante la Comisión de Justicia del Senado los primeros 10 de 21 aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Los candidatos coincidieron en que se debe aplicar la ley para fortalecer la confianza social y la legitimidad electoral, que el Congreso eleve las penas en materia de delitos comiciales o bien, sean considerados como graves.

Eduardo de Jesús Castellanos Hernández fue descalificado del proceso de selección en virtud de que se encuentra fuera del país y pidió que su presentación ante la comisión se realizara a través de Skype, petición que fue rechazada por la comisión, por lo que sólo comparecieron 10 de los 11 previstos.

Tomás Cantú López, abogado y académico de 82 años de edad, desahogó su ensayo en sólo 10 minutos y los senadores no le formularon preguntas.

Finalista del proceso anterior

Héctor Marcos Díaz-Santana, quien hace tres años fue finalista entre los examinados para ser titular de la Fepade, dijo que su compromiso es aplicar la ley con energía, sin distinciones partidistas, sin temores y con eficacia. Un paso en falso en la Fepade podría abonar a la crispación del ambiente político. Un paso en firme debería fortalecer la confianza social y la legitimidad electoral.

Resaltó que hay más de 4 mil expedientes en rezago en la fiscalía, lo cual, subrayó, es grave, ya que en 2006 existían 336.

Mario Enrique Velazco destacó que de nada sirve el marco legal si no tiene mayor severidad, por ello, abundó, la labor de los legisladores es hacer que los delitos electorales sean considerados graves.

A su vez, Blanca Ivonne Olvera Lezama resaltó que en 2016 se iniciaron mil 596 carpetas por mes, de la cuales 32 se concluyeron, por lo que quedan mil 443 pendientes. Ese es el rezago.

Planteó la necesidad de incrementar tres veces más el estado de fuerza de los ministerios públicos y siete veces los policías de investigación. Si el presupuesto asignado a la Fepade es de 170 millones de pesos, tendría que triplicarse a 480 millones para enfrentar el grave problema de rezago que enfrentamos.

También fueron examinados Raúl Arroyo González, Omar Diego Terrón Barranco, Ricardo Suro Gutiérrez, Karla Mendoza Morales, Laura Angélica Borbolla Moreno y Augusto José Isunza Padilla.