Luego de meses de peticiones en favor de una mayor rendición de cuentas de las empresas mineras canadienses, una delegación de habitantes de la comunidad de Ixtacamaxtitlán, Puebla, y defensores de los derechos humanos acudirán a Canadá para informar sobre la forma en que operan en México.

Entre los llamados está un exhorto de la Organización de Naciones Unidas en el que se señala que las mineras de ese país deben poner un mayor énfasis en los derechos humanos y el medio ambiente.

En particular, está el caso del proyecto en la región de Ixtacamaxtitlán, de la empresa Almaden Minerals, con sede en Vancouver, actualmente en fase de exploración. El objetivo de los pobladores es detener el plan y promover una mayor rendición de cuentas de las mineras extranjeras que operan en el país.

Los habitantes estarán acompañados por la organización civil Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), y compartirán los resulatdos de la primera Evaluación de Impacto de Derechos Humanos, encabezada por la comunidad, en la cual se describe la devastación actual y las amenazas futuras al suministro de agua, el ecosistema y la salud de los residentes de la región en caso de que la mina continúe desarrollándose.

Obligación de Trudeau

La organización Poder recordó que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos en junio de este año, en Ottawa, recordó que el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas afirmó que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, tiene la obligación de regular las actividades de las compañías mineras que operan en otras partes del mundo.

De acuerdo con Poder, la empresa Almaden Minerals ha violado el derecho a un medio ambiente sano, ya que perforó sin permisos un acuífero local, con lo que puso en riesgo el acceso de la comunidad al agua potable.

Además la empresa no informó que en la zona residen alrededor de 20 mil personas, ya que en sus informes trimestrales reporta que la zona está deshabitada, ni tampoco ha reportado que hay procedimientos jurídicos en marcha, como un juicio de nulidad que busca cancelar el permiso de exploración en el área, debido a que se violaron regulaciones ambientales.

Detallaron que la empresa puso 236 barrenos de prueba más de los autorizado por las leyes mexicanas, y perforó el acuífero local, con lo que puso en peligro el acceso de la comunidad al agua potable, amenazando su seguridad alimentaria.