La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) remitió a la Cámara de Diputados un pronunciamiento en el cual exhorta al Estado mexicano a considerar la prisión preventiva como una medida cautelar, excepcional, y reconocer la presunción de inocencia a las personas a quienes se le aplica.

El organismo advierte la ausencia para que el Estado mexicano garantice la seguridad jurídica a las personas –a quienes se aplica la prisión preventiva–, reconociendo que la dilación en el plazo razonable no sólo implica afectar a la persona privada de su libertad, sino los derechos de las víctimas que en el proceso se ven afectadas.

Es necesario, refiere la CNDH, que se tome en consideración la necesidad de resolver los procesos penales dentro de los plazo constitucionales establecidos, a fin de garantizar, en su caso, la reparación al daño a la víctima, permitiéndole acceder también a procesos de justicia restaurativa.

Entre las recomendaciones al Estado mexicano se encuentra el de privilegiar medidas cautelares a la prisión preventiva, cuando ésta no sea necesaria, con el propósito de brindar a la persona la oportunidad de llevar su proceso en libertad.

“Con esto se considera la obligación de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites constitucionalmente establecidos de aplicación a la acción de la justicia, sin que ello implique modificar la mediad cautelar de prisión preventiva por otra restrictiva de la libertad.