Después de dos años y medio de protestas y movilizaciones de vecinos de la delegación Álvaro Obregón, ayer entró en vigor el decreto emitido por el Gobierno de la Ciudad de México, con el cual se derogan las normas de vialidad que potenciaban la construcción de desarrollos inmobiliarios sobre la avenida Toluca y las calzadas Olivar de los Padres y Desierto de los Leones, y que colapsaron dichas arterias.

La nueva disposición impide que se continúe con el desarrollo urbano conforme a la ordenación sobre vialidad contenida en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón, que permitía el aumento en la superficie máxima de construcción y una mayor densidad de viviendas en los predios, que dio como consecuencia alrededor de 8 mil viviendas nuevas.

Desde mediados de marzo de 2015, vecinos de distintas colonias aledañas a estas tres vialidades iniciaron protestas para exigir un alto a las construcciones con el cierre del cruce de la avenida Las Torres y la calle Don Manuelito, donde había iniciado, y continúa, la construcción de siete torres, generando un embudo vial todos los días.

Las manifestaciones continuaron conforme se conocía algún nuevo proyecto, entre ellos el de Península, ubicado en calzada del Desierto de los Leones 5602, donde se logró detener la construcción de tres torres de 22 niveles, pues sólo estaban autorizados cuatro.

El daño ya está hecho, pero gracias a miles de vecinos logramos detener la voraz destrucción, afirmó la organización vecinal No más Condominios, que aseguró que estará atenta al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el decreto, relacionadas con las medidas de integración urbana y sanciones aplicables a los infractores de las mismas.

De acuerdo con el decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) tiene prohibido expedir certificados únicos de zonificación del uso del suelo y certificados únicos de zonificación del uso del suelo digital en los que conste cualquiera de las normas de ordenación por vialidad derogadas, aun cuando se hayan solicitado con anterioridad.

La Seduvi y la Secretaría de Medio Ambiente tienen un plazo de 90 días hábiles para rendir un informe de los dictámenes emitidos en las edificaciones construidas con fundamento en las normas de ordenación por vialidad, determinar las medidas de integración urbana y ordenadas para mitigar los impactos producidos por las mismas.

También deberán determinar las medidas de integración urbana que fueron incumplidas, e identificar a los responsables que incumplieron con ellas y fijar las sanciones aplicables.