El tribunal unitario especializado en materia penal del segundo circuito en Almoloya de Juárez resolvió no vincular a proceso a integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (Anuee), los cuales, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, anteriormente habían sido criminalizados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al intentar imponer obras sin consulta ni justificación.

La resolución resulta ser justa y sin precedente para la protección de los derechos de las personas, en especial del derecho a la protesta y libertad de expresión, explicó el centro Vitoria. Dijo que integrantes de la Anuee, particularmente en municipios del estado de México, se han visto hostigados por policías locales y federales en contextos del ejercicio de la libertad de expresión y manifestación, cuando exigen detener los altos cobros de luz por de la CFE.

Demandó el reconocimiento de la energía eléctrica como un derecho humano, y exteriorizan su oposición al proyecto de modernización de infraestructura eléctrica, consistente en la instalación impuesta de medidores de luz y de cableado de aluminio, sin que esta empresa consulte o avise a las personas afectadas.

En este contexto, recordó que en Naucalpan el 9 de agosto pasado detuvieron de manera arbitraria e ilegal a Manuel Damián Mendoza y a José Pedro Moreno Herrera por manifestar, de forma pacífica, su rechazo a la instalación de medidores de luz de la CFE, acusándolos del delito de oposición a obra o trabajos públicos, previsto en el artículo 185 del Código Penal Federal.

Pese a que la Procuraduría General de la República obstaculizó deliberadamente su defensa, en audiencia de 16 de octubre, el juez Saúl Cota Murillo resolvió apegado a derecho que no podía vincularse a estas personas a dicho delito, y dejó constancia de que la imputación al mismo consistía en un acto de criminalización de la protesta social.

Añadió que después de que la CFE apeló de esta primera resolución, el auto de no vinculación a proceso fue confirmado por el tribunal unitario de Almoloya de Juárez, insistiendo en la protección del derecho a la protesta y a la libre expresión de los movimientos sociales.