La gran incidencia de la informalidad laboral en México propicia que casi 30 millones de trabajadores estén excluidos de la protección social. De esta forma, mientras en 22 países de América Latina 50 por ciento de los adultos mayores reciben efectivamente pensiones, en este país sólo 25.2 por ciento de dicha población tiene ese beneficio.

Es decir, sólo uno de cada cuatro trabajadores mexicanos tienen jubilación; en Perú menos de la quinta parte y en Haití, sólo uno de cada 100 adultos mayores tiene este beneficio.

Helmut Schwarzer, especialista principal en Protección Social y Desarrollo Económico de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para México y Cuba, señaló lo anterior en la presentación del Informe mundial sobre la protección social, de la OIT.

Detalló que en América Latina hay 241 millones de personas sin ninguna protección social; de los desempleados, 55 por ciento no está protegido contra la pérdida de ingresos; y más de una tercera parte del total de niños y niñas de la región de cero a 14 años, carece de cobertura social, es decir, el 33.8 por ciento, lo que significa uno de cada tres menores de edad.

Sostuvo que son grandes retos de América Latina y el Caribe y forman parte los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), el combate a la pobreza y a la pobreza extrema, y dentro de ellos, abatir la incidencia de la informalidad de las economías, de la que resulta que trabajadores rurales independientes, de microempresas y otros, estén excluidos de la protección social.

En la presentación también participó Fabio Durán Valverde, jefe de la Unidad de Finanzas Públicas, Actuaría y Estadísticas del Departamento de Protección Social de la OIT en Ginebra, Suiza, quien planteó que de las mujeres que trabajan, 68 por ciento tienen prestaciones monetarias por maternidad, pero los resultados por país son muy desiguales, ya que mientras en Uruguay 100 por ciento de las trabajadoras están protegidas, en Guatemala y Paraguay 85 por ciento de este sector no percibe ninguna de estas prestaciones.

Según expusieron ambos especialistas, el informe de la OIT sugiere que para atender esta problemática, se tiene que aumentar la formalización de los trabajadores, extendiendo la seguridad social a los sectores rurales, independientes, migrantes y trabajadoras domésticas; además se debe ampliar la cobertura a la infancia y otros grupos vulnerables; extender los seguros contra el desempleo.

De igual forma se debe dar acceso efectivo a la población a los servicios de salud; reducir la fragmentación interna de los distintos regímenes de protección social; mejorar la coordinación de las políticas del rubro, y aplicar mecanismos eficaces para adaptar éstas a cambios tecnológicos, demográficos y climáticos.