La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se mostró en contra de la inminente aprobación de la Ley de Seguridad Interior, pues la experiencia demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos.

Enfatizó que en su visita a México en 2015, sus emisarios constataron con preocupación mayores violaciones a estas garantías por la participación de soldados y marinos en estas labores, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada, así como mayores niveles de impunidad.

Por separado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subrayó que la aprobación de la minuta en los términos que se presenta contribuiría a mantener el estado actual de las cosas, al favorecer el uso discrecional del Ejército y la Marina como base de la estrategia para abatir la violencia. Por ello llamó a los senadores a que con responsabilidad y plena conciencia sobre las repercusiones que tendrán sus actos, hagan un examen objetivo y detallado de esta propuesta de ley, al amparo del artículo 1º de la Constitución.

El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, envió una carta al Senado en la que pide que esta ley no sea aprobada, pues generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos. Por su parte los relatores para la libertad de expresión de la ONU y la CIDH, David Kaye y Edison Lanza, respectivamente, señalaron que esta ley vulneraría entre otros el derecho a la libertad de expresión.

Mediante un comunicado, la CIDH subrayó que el Estado mexicano debe evitar la militarización de la seguridad pública, adoptar las medidas necesarias para fortalecer la policía civil y garantizar un sistema de justicia autónomo e independiente.

En diversas ocasiones este organismo internacional ha resaltado que es fundamental la separación clara y precisa entre seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función de las fuerzas armadas. Se trata de dos instituciones sustancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación.

Resaltó que las obligaciones asumidas por los estados exigen políticas públicas sobre seguridad y combate al crimen que prioricen el funcionamiento de una estructura institucional eficiente, la cual garantice a la población el efectivo ejercicio de sus derechos humanos relacionados con la prevención y el control de la violencia y el delito.

Es imperativo que el Estado mexicano reafirme su compromiso con los derechos humanos atendiendo las recomendaciones y los llamados de las organizaciones de la sociedad civil, de la CNDH y de organismos internacionales.

Reiteró su recomendación en el sentido de que el país desarrolle un plan concreto para el retiro gradual de las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de éstas por parte de las policías civiles.

La CNDH planteó que de aprobarse esta norma, se generaría la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas de los mexicanos.

Además, agregó, concedería al Ejecutivo federal facultades extraordinarias para ordenar, de manera discrecional, la movilización de las fuerzas armadas.

Para Jarab la ley no aportaría soluciones reales para enfrentar los enormes retos que en materia de seguridad, fortalecería el statu quo, reduciría los incentivos para profesionalizar a las instituciones civiles y favorecería la consolidación del paradigma militar en materia de seguridad, el cual no ha reducido la violencia y ha aumentado violaciones a derechos.