l mundo es hoy una larga sucesión de batallas. La más cruenta y definitoria es la que libra el capital contra la naturaleza (casi siempre con ayuda del Estado) porque ahí se juega el destino de la propia humanidad y el equilibrio global del planeta. Las guerras contra el mundo natural tienen innumerables dimensiones, intensidades y duraciones, e igualmente numerosos defensores que las resisten. Y como siempre sucede, toda guerra tiene sus frentes de batalla, ahí donde la existencia misma de quienes defienden el ambiente, la naturaleza, la Tierra, los territorios y la vida queda irremediablemente expuesta. Miles de activistas y dirigentes enfrentan cotidianamente amenazas e intimidaciones por manifestarse contra los impactos devastadores de proyectos de todo tipo casi siempre encabezados por iniciativas estatales, corporaciones industriales y empresas multinacionales.

Debemos a la organización internacional Global Witness la tarea de registrar, documentar y denunciar las agresiones que sufren los activistas del ambientalismo a escala mundial (ver). Sus reportes anuales registran para cada país el número de ambientalistas agredidos y asesinados. El asesinato es sólo una de las tácticas utilizadas para silenciar a las personas defensoras de la naturaleza y el ambiente, también se incluyen amenazas de muerte, arrestos, agresiones sexuales, criminalizaciones y ataques legales agresivos. La tendencia de sus estadísticas es, desgraciadamente, al alza. Su último informe revela que casi cuatro ambientalistas fueron asesinados cada semana durante 2016 por proteger sus tierras y el entorno natural contra industrias como la minería, o la tala de bosques y selvas o la agroindustria. El año pasado superó al anterior, como el más violento de todos los registrados, al pasar de 185 asesinatos en 16 países a 200 en 24 países. De ese total, 60 por ciento ocurrieron en Latinoamérica, 40 por ciento procedieron de pueblos indígenas, y existe evidencia sólida de que la policía y el Ejército estuvieron detrás de, al menos, 43 homicidios, y que agentes privados como guardias de seguridad y sicarios estuvieron vinculados a 52 muertes. Los países con más ambientalistas asesinados en 2016 fueron Brasil, Colombia, Filipinas, Honduras y Nicaragua.

Aunque en México existen ya casi 500 frentes de batallas socioambientales, ubicables en el territorio (véase mi libro Ecocidio en México, Grijalbo, 2015), como resultado de la implantación de proyectos mineros, petroleros, hidroeléctricos, eólicos, turísticos, carreteros, biotecnológicos, agroindustriales, etcétera, carecíamos hasta recientemente de un análisis detallado de las agresiones sufridas por quienes mantienen las resistencias a esos proyectos. Sólo existían importantes recuentos parciales como los realizados por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda). Esta carencia ha quedado superada por el estudio recientemente terminado de la investigadora Lucía Velázquez, de la Universidad Nacional Autónoma de México, dedicado a documentar y cartografiar con sumo detalle las agresiones sufridas por los defensores del ambiente y de la naturaleza en México. Su valiosa investigación, que será publicada próximamente en forma de libro, registra este fenómeno a partir de numerosas fuentes para el periodo comprendido entre 1995 y 2015. Entre sus conclusiones más notables destacan los 503 casos de defensores ambientales agredidos en las dos décadas recientes, 20 por ciento de los cuales se perpetraron contra miembros de comunidades indígenas. El número de intimidaciones se disparó a partir de 2011. Las agresiones identificadas fueron 39 detenciones ilegales, 61 amenazas, 75 agresiones físicas, 81 criminalizaciones y 99 asesinatos. Los ataques más comunes fueron la criminalización y el asesinato, develando los altos niveles de la violencia que se ejerce en el país. La investigación hizo visible la vulnerabilidad de esos actores y logró dimensionar la gravedad del problema. En México a la desaparición de mujeres, periodistas, dirigentes y activistas sociales debemos agregar la de los defensores del ambiente. Si a la cifra de 99 ambientalistas asesinados entre 1995 y 2015 se le agregan los tres reportados por Global Witness en 2016 se rebasa el centenar de víctimas. La lista incluye defensores de bosques, opositores a la depredación minera y petrolera, protectores de manantiales, lagunas y ríos y hasta defensores de áreas naturales protegidas. La lista se torna eterna cuando intentamos lo imposible: nombrar a los ultimados: Francisco Quiñones, Aldo Zamora, Fernando Mayén, Salomé Sánchez, Juventina Villa Mújica, Beatriz Cariño, Mariano Abarca, Dante Valdez, Noé Vázquez, María Edy Fabiola Orozco, José Cervantes, Alberto Almeida Fernández, Juan Ontiveros Ramos, Julio Baldenegro… etcétera. Ante este panorama inadmisible, procede fundar un observatorio ciudadano que registre, vigile y denuncie, levantar al menos un memorial con los nombres de las víctimas, y exigir el seguimiento judicial de cada caso por parte de las autoridades. Mientras tanto, las batallas por la vida y contra los proyectos de muerte habrán de continuar irremediablemente.

A la memoria de Julián Vergara, campesino ecologista del ejido El Tianguis, ultimado por defender sus bosques (La Jornada, 22/10/1992).