Puebla, Pue.

Cuatro años después de que el servicio de agua fue privatizado en la entidad, las tarifas aumentaron 400 por ciento, la escasez afecta a los usuarios y la sobrexplotación de lagunas, ciénegas y pozos de agua por parte de las ensambladoras alemanas de autos Volkswagen y Audi pone en riesgo la sustentabilidad de varias regiones del estado.

Según organizaciones civiles, autoridades e investigadores, la instalación de la industria automovilística en la zona rural ha generado escasez en comunidades cercanas y ya acabó con las ciénegas de San Francisco Ocotlán, mientras en la laguna de Santa Cruz, en el municipio de Nopalucan, se reporta el nivel más bajo en su historia.

Ensamblar un automóvil requiere hasta un millón de litros de agua, explicó Andrés Barreda Marín, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e integrante de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), durante una visita a Puebla.

Volkswagen ha producido en México, según sus propias cifras, más de 8 millones de automóviles. Además, en la entidad existen 14 parques industriales productores de componentes para autos (cristales, productos electroinformáticos, radios, sistemas de localización satelital, aceleradores, elevadores de vidrios, etcétera).

Además, la construcción de la Ciudad Modelo Audi –ideada en el sexenio del panista Rafael Moreno Valle Rosas–, en el municipio de San José Chiapa, dependerá de un acuífero ya cerrado, advirtió la delegación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Este desarrollo urbano traerá sequía, pues la cuenca Libres-Oriental no podrá abastecer una demanda hasta de 15 mil millones de metros cúbicos para el proyecto.

El acuífero del Valle de Tehuacán está en veda desde 1967, y la cuenca de Libres-Oriental desde hace dos años, lo que significa que la explotación excede la recarga natural del acuífero, subrayó la Conagua.

Acotó que Ciudad Modelo Audi necesita entre 11 mil y 15 mil millones de metros cúbicos de agua para fabricar autos.

Acaparamiento de veneros

Para la Asamblea Social del Agua en Puebla (ASA), organismo civil creado luego de la privatización del agua en 25 municipios de la entidad, diversas compañías han acabado con los mantos freáticos de la zona del volcán Popocatépetl y contaminado el río Atoyac.

Es el caso de Cementos Cruz Azul en la comunidad de Tuzuapan, municipio de Quecholac; de la estadunidense Driscolls, en Lara Grajales, donde cultiva fresas, y Granjas Carroll, en Tepeyahualco, precisó Gerardo Pérez Muñoz, de la ASA.

El activista dijo que sólo Volkswagen ha acaparado 20 pozos de agua comunitarios y Audi acaba de perforar cinco en Ixtiyucan, poblado del municipio de Nopalucan.

Pérez destacó que hay más pozos no registrados en manos de industriales, lo que ha abatido los acuíferos.

Pueblos originarios han organizado movimientos sociales e interpuesto procesos legales contra Audi y su intento de apropiarse el líquido de la región.

Hace unos días el presidente auxiliar de Santa María Ixtiyucan, Andrés Hernández, denunció la perforación de los cinco pozos para Audi.

El funcionario expresó su preocupación porque comenzó a bajar el nivel de la laguna de Ixtiyucan, situación sin precedente en la localidad donde se encuentra la mayor parte de las 556 hectáreas que ocupan la Ciudad Modelo y la armadora.

Las recientes marchas, bloqueos, cabildos abiertos, asambleas comunitarias, así como presión y vigilancia a las autoridades son apenas algunas de las acciones emprendidas, combinadas con otras de tipo jurídico en contra de las reformas a la Ley del Agua.

Además de ASA, han surgido organizaciones como Puebla en Lucha y Pueblos Unidos Contra la Privatización del Agua (PUCPA). Los activistas han advertido que, junto con las plantas armadoras de autos, la extracción de gas y petróleo mediante fractura hidráulica o fracking dejará sin agua a pueblos originarios de la Sierra Norte de Puebla.

Después de Tamaulipas y Veracruz, Puebla ocupa el tercer lugar nacional en número de pozos perforados para la extracción no convencional de gas de lutitas (shale) y petróleo.

La Alianza Mexicana contra el Fracking informó que de los 934 pozos que hay en el país, 300 están en Veracruz, 200 en la cuenca de Burgos, en Tamaulipas, y 120 en la Sierra Norte de Puebla.

Aroa de la Fuente, investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, alertó que la fractura hidráulica en la Sierra Norte podría consumir cada año el agua que requieren 7 millones de personas.

Advirtió que el área susceptible de ser explotada en la sierra poblana es similar a los campos de Bakken, en Dakota del Norte, donde hasta 2014 había 11 mil 79 pozos.

Puebla fue el primer estado del país donde se privatizó el servicio el agua, y a cuatro años de dejar el suministro para la capital y 25 municipios en manos de empresas, se han presentado más de 3 mil amparos; de éstos, un centenar se ha ganado.

Omar Jiménez, a cargo de los procedimientos legales, informó que actualmente litiga 70 asuntos contra la empresa Concesiones Integrales por suspensión del suministro de agua y aumentos de tarifas hasta de 400 por ciento.

Dijo que la privatización del servicio en Puebla no ha beneficiado a la población, aunque el entonces gobernador Rafael Moreno Valle –quien aspira a la Presidencia de México– prometió que bajarían los cobros y se rehabilitaría la red hídrica en la capital poblana.

Lo único que nos trajo fueron aumentos, cobros inexistentes y tandeo para el suministro, porque sólo contamos con líquido en nuestros hogares dos o tres veces a la semana, expuso.

Esta situación ha provocado molestia generalizada, principalmente entre propietarios de negocios del centro histórico de Puebla, quienes pagan tarifas más elevadas y continuamente tienen que pagar servicio de pipas.

La privatización, sostuvo el activista, ni siquiera garantiza el abasto. Señaló que la ASA presentó una iniciativa ciudadana para que se reforme la ley actual y se frene la entrega del servicio a particulares, pero no ha habido respuesta del Congreso local.

Hank y Monex, ganadores

Jiménez explicó que esa iniciativa se elaboró con la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, constituida a raíz de la privatización, que contraviene el artículo cuarto Constitucional, el cual estipula que el agua es un derecho humano y el Estado debe garantizar el suministro a la población por medio de la Federación, entidades, municipios y la participación ciudadana.

Después de que el Congreso local aprobó la reforma a la Ley de Agua, el 12 de septiembre de 2013, se concesionó el servicio a empresas que desde entonces imponen tarifas y embargan a morosos.

Concesiones Integrales, empresa propiedad de Carlos Hank González, obtuvo un contrato para administrar durante 60 años no sólo el suministro de agua, sino también el servicio de alcantarillado, con el pretexto de que había fallas del Sistema Operador de Agua de Puebla y baja recaudación.

Concesiones Integrales es un consorcio formado por Grupo Financiero Monex, dueño de 75 por ciento de las acciones; la empresa Eppcor participa con 24.7; Agua de México, con 0.224, y Ticsa, con 0.011 por ciento. La sociedad hizo una inversión inicial de mil 794 millones de pesos, más 4 mil 680 millones en los primeros cinco años.