Al cierre del quinto año de gobierno de la presente administración, el número de personas no localizadas se acerca a los 35 mil, casi 10 mil más que al término del sexenio anterior correspondiente a Felipe Calderón.

Durante el actual gobierno ha sido marcado el ascenso en cada trimestre; en el más reciente corte, al 31 de octubre pasado, los expedientes del fuero común a cargo de procuradurías y fiscalías estatales llegaron a 33 mil 513, mientras que los del fuero federal, que son responsabilidad de la PGR, se contabilizan en mil 147.

En ambas clasificaciones una cuarta parte de las víctimas son varones jóvenes. Por ejemplo, hay 4 mil 994 personas no localizadas de entre 15 y 19 años de edad y una cantidad similar del rango 20-24 años.

Las entidades con mayor rezago en la clarificación del destino de miles de personas son Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, Sinaloa, Nuevo León y Chihuahua, los cuales suman 60 por ciento de todos los casos de responsabilidad local; de ellos, 590 casos tienen diez años o más de antigüedad.

A nivel federal, con incremento sostenido, también son los mismos estados punteros de cinco años a la fecha: Guerrero, con 349 (incluidos los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014); Veracruz (202 expedientes) y Tamaulipas con 130.

Al comenzar el actual sexenio, en 2012, la organización Human Rights Watch (HRW) advirtió que el presidente Enrique Peña Nieto debería definir una estructura para investigar y erradicar las desapariciones. Presentó entonces, con pruebas contundentes, 149 historias de desapariciones forzadas.

Las cifras de personas no localizadas no disminuyeron, por el contrario, su ascenso ha sido imparable y hasta el momento sólo se ha conseguido la aprobación de un nuevo marco legal.

La primera ley general para atender esta problemática fue promulgada el 16 de noviembre pasado, pero la entrada en vigor y operación de sus postulados centrales demorará hasta año y medio.

Por ejemplo, las fiscalías especializadas y la Comisión Nacional de Búsqueda entrarán en funcionamiento en febrero del año próximo, mientras que hasta mayo lo hará el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas.