México forma parte de los países con mayor cantidad de víctimas de trata, y se ubica también en los primeros lugares a escala mundial en cuanto al nivel de vulnerabilidad de su población frente a la esclavitud, por lo que las autoridades deben luchar contra todas las expresiones modernas de este delito, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En un comunicado, el organismo público alertó que de acuerdo con el Índice de esclavitud mundial 2016, México se ubica en la posición número 20 entre 167 naciones, con porcentaje de vulnerabilidad de 47.02.

En el contexto del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, destacó que, según datos de 2016 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el país se encuentra en la lista de las 25 naciones donde existen más víctimas de trata identificadas.

En el mismo sentido, el más reciente informe de la comisión intersecretarial dirigida por la Secretaría de Gobernación reveló que en el periodo 2009-2015 hubo mil 267 víctimas de trata de personas detectadas e identificadas en los procesos judiciales y sentencias.

De ese total, 42.2 por ciento son mexicanas, 7.18 por ciento extranjeras, y en 50.59 por ciento restante de los casos no se contó con datos sobre la nacionalidad de las víctimas.

La CNDH destacó también que el Reporte sobre trata de personas 2017, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, destacó en referencia a México que la complicidad oficial continúa siendo un problema grave y poco abordado.

Asimismo, el mencionado documentó alertó que hay menos víctimas identificadas y los servicios especializados son limitados; que los refugios siguen siendo inadecuados en comparación con la magnitud del problema, y que los servicios a las víctimas no están disponibles en todo el país.

Ante dicho panorama, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, enfatizó que si bien en México la esclavitud se encuentran formalmente abolida e incluso penalizada, familias completas provenientes de comunidades rurales indígenas se ven obligadas a migrar y terminan enganchadas y sometidas en trabajos forzados como jornaleros agrícolas.

Lo anterior es posible, agregó el ombudsman, debido a las omisiones de inspección por parte de las autoridades laborales, la falta de bases de datos y sistematización de información, la nula atención a víctimas y la falta de asignación de recursos para las instituciones encargadas de perseguir este delito.