Mexicali, BC.

Legisladores y partidos políticos de Baja California recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para presentar una acción de inconstitucionalidad que anule la aprobación de las plantas desaladoras en el Congreso local.

Los partidos Encuentro Social (PES), de Baja California (PBC), el Revolucionario Institucional (PRI) y del Trabajo (PT) se pronunciaron por esta acción jurídica. Morena se ha mantenido ajeno, mientras el de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) autorizaron las desaladoras.

El viernes, 12 de 13 diputados del PAN y la única del PRD, autorizaron al gobierno del panista Francisco Vega de Lamadrid, bajo el esquema de asociaciones público privadas, la construcción de dos desaladoras en Rosarito y San Quintín para dotar de agua potable a las ciudades costeras, y por las que se pagarán durante 37 años 149 millones de pesos al mes a la empresa Aguas de Rosarito.

El legislador Luis Moreno, del PES, dijo que en el recurso ante la SCJN se planteará por violar los procesos parlamentarios, porque sólo recibió el aval de 13 diputados de un Congreso integrado por 25 legisladores.

El afán de excluir a los diputados opositores queda de manifiesto al convocar a las 8:15 de la mañana a una sesión que debía iniciar a las 8:45 horas. Sabían que para los de la zona costa, sería imposible llegar en 30 minutos a Mexicali, expuso.

Moreno Hernández, quien documentó los planes e intenciones de los corporativos que integran Aguas de Rosarito para exportar agua desalada a Estados Unidos, a través del Distrito de Otay Mesa de California, manifestó que seguirá la ruta de inconstitucionalidad para revertir el albazo perpetrado por el poder Ejecutivo contra los ciudadanos.